Urkullu dice que el “caso De Miguel” no es una trama de financiación ilegal del PNV

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado hoy que el conocido como “caso De Miguel” no es una trama de “financiación ilegal del PNV” y ha insistido en que la actuación de este partido en 2010, cuando comenzó el proceso judicial, fue “inmediata, contundente, clara y ejemplar”.

Urkullu ha respondido de este modo a una pregunta formulada en el pleno de control del Parlamento Vasco por Gorka Maneiro (UPyD) sobre la presunta red de cobro de comisiones en torno a cargos del PNV por la que un juzgado de Vitoria ha imputado a 26 personas, entre ellas varios exdirigentes del PNV alavés.

Maneiro ha considerado que ni el PNV ni el Gobierno Vasco “han estado a la altura de las circunstancias” en los últimos días, desde que se conociese el auto en el que se sospecha que los 26 imputados pudieron incurrir en hasta once delitos, entre ellos los de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.

El lehendakari ha recordado que presidía el PNV en el momento en el que se conoció lo ocurrido y que, al igual que entonces, sigue defendiendo que “los hechos nada tienen que ver con el PNV” y que éste “no es un caso de financiación ilegal de un partido”.

Asimismo, ha reiterado que la actuación del entonces diputado general de Álava, Xabier Agirre (PNV) fue “diligente y ejemplar” porque actuó de forma “contundente y clara” contra los imputados, que fueron destituidos de sus cargos y tuvieron que entregar su carné de afiliados al PNV.

Urkullu ha mostrado su respeto por el auto del juez y por el procedimiento judicial, al tiempo que ha pedido que se respete la presunción de inocencia de los imputados.

Además, ha dejado claro que no va a participar en “la judicialización sistemática de la Justicia y en la utilización mediática de la misma”.

Ha subrayado que el Gobierno Vasco es el “primer interesado” en que haya una sentencia y que, en cualquier caso, respetará las decisiones judiciales cuando se produzcan. Ha añadido que si esta institución se ve afectada actuará con “la máxima rapidez, contundencia y claridad”.

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, ha recordado que el Gobierno Vasco está personado en el juicio para “defender el interés público”.

Carmelo Barrio (PP), por su parte, ha advertido de que “algo muy grave ha pasado” y que la sociedad “quiere que se reaccione”. El “caso De Miguel”, en su opinión, “fue un mazazo para un partido, para el Gobierno Vasco y para la sociedad”, por lo que ha subrayado la importancia de implicar al Ejecutivo autonómico en un “compromiso de regeneración y transparencia”.

El origen de este caso fue la denuncia presentada ante la Fiscalía en diciembre de 2009 por la abogada Ainhoa Alberdi contra los entonces dirigentes del PNV alavés Alfredo de Miguel y Aitor Tellería, a quienes acusó de formar parte de una supuesta trama de cobro de comisiones ilegales.