Varsovia defiende penas de cárcel por usar “campos de exterminio polacos”

El Gobierno polaco defendió hoy de las críticas israelíes la reforma legal que aprobó esta semana y por la que se pena con hasta tres años de cárcel el uso del término “campos de exterminio polacos”.

El Ministerio de Exteriores argumentó a través de la red social Twitter que la medida está en línea con un documento que consensuó con el Gobierno israelí en 2016, cuando Varsovia empezó a estudiar una enmienda a la Ley sobre el Instituto Nacional de la Memoria.

Esa declaración conjunta de los Ejecutivos polaco e israelí, difundida el 22 de noviembre de 2016, aseguraba que ambos gobiernos se oponían “firmemente a cualquier intento de distorsionar la Historia de los pueblos judío o polaco”.

Entre las modalidades de distorsión del pasado que contemplaban explicitaron “la negación o relativización de la victimización de los judíos durante el Holocausto” y el uso de “términos erróneos de memoria como 'los campos de exterminio polacos'”.

Este mensaje del Ministerio polaco de Exteriores sigue al comunicado que emitió ayer, en el que subrayaba que su propósito de la reforma es prevenir una “difamación intencionada de Polonia”.

El propósito “era eliminar la conducta pública y contraria a los hechos de atribuir responsabilidad o corresponsabilidad a la nación polaca o al Estado polaco por los crímenes nazis cometidos por el III Reich alemán”, afirmaba el texto.

A su juicio, la reforma contempla “situaciones precisamente definidas”, como el empleo de la expresión “campos de exterminio polacos” para referirse a los campos de exterminio instalados por la Alemania nazi durante la II Guerra Mundial en el territorio de la Polonia ocupada.

La enmienda, concluye el Ministerio de Exteriores, tampoco “limita la libertad de investigación, debate sobre la historia o la actividad artística”.

El Sejm (cámara baja) aprobó el viernes la reforma que castiga con una multa o hasta tres años de cárcel el uso del término “campos de exterminio polacos” y la negación de los crímenes cometidos por los nacionalistas ucranianos en territorio polaco entre 1925 y 1950, como la masacre de Volhynia durante la II Guerra Mundial.

Un total de 279 parlamentarios apoyaron la medida, por 130 abstenciones y sólo cinco votos en contra.

La iniciativa está especialmente enfocada a periodistas -ya que artistas y académicos no podrán ser perseguidos- y afecta a todas las personas “independientemente de las leyes en el lugar donde se cometa el acto”, según el texto de la reforma.

El viceministro de Justicia, Patryk Jaki, aseguró ante los parlamentarios que la atribución a Polonia de los crímenes nazis es “un insulto a la nación polaca” y que los gobiernos previos no habían hecho los suficiente para combatir su uso.

La reforma legal debe ser ahora aprobada en el Senado, la cámara alta del Legislativo polaco.