Venecia pedirá daños y perjuicios al arquitecto español Santiago Calatrava

El ayuntamiento de Venecia ha anunciado que pedirá una indemnización por daños y perjuicios a Santiago Calatrava por los gastos que ha tenido que afrontar ante las “carencias” del proyecto del puente ideado por el estudio del arquitecto español y que fue inaugurado en noviembre de 2008.

Los medios de comunicación italianos informan hoy de que los abogados del consistorio están dando los primeros pasos para pedir la indemnización al arquitecto y a la sociedad que certificó el coste de la operación por los cerca 464.000 euros (634.000 dólares) que han tenido que gastar para solventar algunas “carencias” del puente.

Esos gastos están incluidos en el informe que ha realizado la Universidad Politécnica de Turín para el juez del Tribunal de Venecia Francesco Spaccasassi y en el que se habla de “carencias” en la proyección.

El Tribunal de Cuentas de Venecia está juzgando al arquitecto español Santiago Calatrava -la próxima audiencia será en noviembre- por un sobrecoste de cerca de 4 millones de euros (5,4 millones de dólares) en la construcción del puente.

Sobre el caso pesa además un recurso presentado por los abogados de Calatrava ante el Tribunal Supremo, que sostiene que el arquitecto habría participado en la obra diseñada por él mismo, el Puente de la Constitución de Venecia, como colaborador y no como supervisor de la construcción.

Si se confirmara este extremo, Calatrava, según explican fuentes judiciales, no podría ser juzgado por el Tribunal de Cuentas dada la naturaleza legal de su contrato, que según sus abogados es como proyectista, lo que supondría que la causa tuviera que dirimirse en otras instancias judiciales.

La construcción, que une la plaza de Roma con la estación ferroviaria de Santa Lucía, estuvo envuelta en polémica desde los inicios del proyecto y sus costes fueron uno de los asuntos más controvertidos.

En un primer momento se estableció un presupuesto de 3,8 millones de euros (5,2 millones de dólares), que después se elevó hasta 6,7 millones (9,1 millones), para acabar costando cerca de 11,2 millones de euros (15,3 millones).

A las críticas de su elevado coste se sumaron también las polémicas por los numerosos resbalones y caídas de las personas que lo cruzaban, así como la falta de accesibilidad a las personas en sillas de ruedas.