Vicepresidente boliviano acusa a opositor de usar firma panameña para fraude

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, acusó hoy al dirigente opositor Samuel Doria Medina de haber usado la empresa panameña Akapana para esconder ganancias por la venta en 2005 de cerca de la mitad de una cementera a la firma mexicana Cementos Chihuahua con el propósito de evadir impuestos.

García Linera dijo en una rueda de prensa que Doria Medina, que fue tres veces candidato presidencial (2005, 2009 y 2014), vendió en 2005 un 46,5 % de la firma Soboce a Cementos Chihuahua con una ganancia de 43 millones de dólares, de los que reportó oficialmente ante las autoridades bolivianas la suma de 11,5 millones de dólares.

Según el vicepresidente, Doria Medina usó la empresa panameña Akapana para vender las propias acciones baratas y luego revenderlas a los mexicanos y de este modo evadir impuestos en Bolivia, ocultando una ganancia de alrededor de 31,3 millones de dólares.

“Díganos qué papel tuvo su empresa panameña Akapana en la compra y venta de acciones a Chihuahua el año 2005. Díganos si Akapana compró barato para vender caro y de esa manera eludir el pago de impuestos en Bolivia”, interpeló García Linera al opositor.

En 2014, la familia de Doria Medina vendió las acciones que le quedaban en la cementera Soboce al grupo peruano Gloria, que dos años antes adquirió la parte que tenía Cementos Chihuahua.

El vicepresidente anunció que pedirá un informe oficial y público al Servicio de Impuestos Nacionales para que investigue la documentación que supuestamente demuestra el fraude fiscal.

Doria Medina ya está acusado en otro juicio por supuestos de delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica por haber aprobado hace 25 años, cuando era ministro de Planeamiento, una transferencia de 21 millones del Estado a la fundación privada Fundapro de apoyo al microcrédito.

Doria Medina ha denunciado varias veces que es objeto de persecución y que el Gobierno usa la Justicia con ese fin porque ha enfrentado hasta 15 denuncias penales de parte de las autoridades.

El 17 de noviembre, el Tribunal Supremo de Justicia debe definir si da curso o no a una petición de la Fiscalía para que el dirigente sea detenido por la denuncia referida a los 21 millones de dólares que fueron transferidos de forma supuestamente ilegal a Fundapro.