Víctimas de esterilizaciones forzadas en Perú denuncian 18 años sin justicia

Un grupo de mujeres peruanas que dicen haber sido esterilizadas sin su consentimiento durante el gobierno de Alberto Fujimori (1999-2000) denunció hoy en Lima que llevan 18 años sin que se investigue y enjuicie a los responsables y revlamaron a la justicia que actúe.

Las integrantes de la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMAEF) de Cuzco y del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de las mujeres esterilizadas de Huancabamba, en la región de Piura, participaron en un foro para compartir estrategias que impidan que sus denuncias sean otra vez archivadas.

El foro “Esterilizaciones forzadas. 18 años sin justicia” se celebró en el Palacio Legislativo bajo la coordinación de la parlamentaria cuzqueña Hilaria Supa, quien apoya el caso desde sus primeras denuncias.

Organizaciones civiles aseguran que unas 1.500 mujeres fueron intervenidas para ser esterilizadas sin su consentimiento durante el Gobierno de Fujimori, mientras que la Defensoría del Pueblo de Perú dice que 18 murieron supuestamente a causa de esas prácticas.

Las mujeres expresaron hoy su desconfianza respecto a la disposición de la justicia a investigar y juzgar los casos a pesar de que la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima aceptó en mayo un recurso de queja interpuesto por los abogados de las víctimas para reanudar las pesquisas.

La presidenta de la AMAEF, Rute Zúñiga, comentó que el objetivo de su asociación es “evitar que la investigación quede detenida nuevamente por dificultades logísticas, materiales o humanas o por presiones políticas de los que ejercieron responsabilidades durante la aplicación del programa de esterilizaciones forzadas”.

Zúñiga destacó el deseo de su entidad de contribuir a la investigación de la Fiscalía para actualizar los datos y testimonios de las víctimas consideradas en su denuncia.

Hilaria Supa afirmó, por su parte, que “es hora de reparar los actos de injusticia” cometidos contra las víctimas de las esterilizaciones forzadas.

La congresista dijo que el caso “demuestra que para los pobres no hay justicia en el país” y añadió que “si las víctimas hubiesen sido mujeres de mayor nivel económico, seguro que el mundo se habría volteado y las cosas se habrían arreglado hace tiempo”.

“Nosotras exigimos que esto no siga así y que se haga justicia a tantas mujeres y familias afectadas desde hace dieciocho años”, añadió.

La congresista aseguró que muchas de las víctimas fueron torturadas y secuestradas durante el gobierno de Fujimori y finalmente esterilizadas en contra su voluntad.

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera declaró el domingo a la agencia oficial Andina que espera que la fiscal que tiene el caso a su cargo actúe tomando en cuenta las pruebas existentes.

En mayo pasado el fiscal superior penal Luis Landa ordenó revocar una decisión tomada en enero de archivar el caso después de que fuera reabierto en junio de 2013 en cumplimiento de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH determinó que el número de mujeres afectadas es muy alto y por lo menos una de ellas murió a consecuencia de esas prácticas.

El caso había sido archivado en mayo de 2009 con el argumento de que no se había encontrado indicios criminales en los investigados por las irregularidades cometidas durante la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1990-2000.