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Victoria tacha de injuriosa la acusación de que actuó como intermediario de los pagos a De Pedro
Así lo ha manifestado Victoria al ser preguntado por la diputada de Podemos María Espinosa si estaba entre sus funciones ser intermediario de dichos pagos durante su comparecencia en la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política en la Comunidad de Madrid de la Asamblea, pregunta por la que ha pedido amparo a la Mesa al considerarla una “calumnia”.
Victoria se ha remitido al sumario o no ha respondido a las preguntas de los diputados basadas en el contenido del sumario. “Todas las explicaciones las he dado de manera suficiente en sede judicial, con todas las garantías procesales, y es lógico que me remita a ese sumario”, ha advertido al inicio de su comparecencia.
Previamente, la exdirectora general de Comunicación de la Comunidad de Madrid Isabel Gallego, también imputada en el marco de la Operación Púnica, también se ha acogido a su derecho a no responder.
“Estoy defendida en este procedimiento por un abogado que me ha recomendado no contestar a ninguna de las preguntas de esta comisión y por ello me amparo en la Constitución Española que garantiza mi derecho de defensa y en el punto número 5 de la relación de derechos que me asiste que acaba de leer la presidenta de esta comisión. No tengo nada más que decir y no voy a responder más preguntas”, ha declarado.
Además, ha comparecido ante la Comisión de Investigación el consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) entre enero de 2004 y diciembre de 2007, Cándido Cerón, quien ha negado cualquier vinculación con la empresa Avanzit, adjudicaria de ICM, mientras era su máximo responsable.
Cerón ha respondido a preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión de Investigación sobre los contratos adjudicados en 2007 a la empresa Avanzit, que según la documentación a la que ha hecho referencia la portavoz socialista, Encarnación Moya, fue adjudicataria de al menos 3 contratos y uno menor en 2007, por un importe total de 4,7 millones de euros. Moya ha constatado que las normas de la Comisión de Investigación no permiten que se investigue el periodo anterior a 2007.
((HABRÁ AMPLIACIÓN))
