El alcalde de Vilamartín (Ourense) lleva a los Baltar al juzgado tres días antes de la moción de censura contra él

El alcalde de Vilamartín de Valdeorras (Ourense) Enrique Álvarez denunció en el juzgado de O Barco a José Luis Baltar y a su hijo, como presidentes sucesivos de la Diputación, por “no cumplir nunca sus obligaciones como organismo titular de la única carretera de acceso al pueblo de San Vicente, en los 15 años que lleva parcialmente destruida”. Así, lo hace con un escrito firmado por los 35 vecinos del pueblo afectado y 3 días antes de la moción de censura con la que el PP le dejará sin su cargo municipal.

Álvarez ha explicado a Europa Press que, cuando llegó a la alcaldía de Vilamartín, tras ganar las elecciones de mayo de 2011, ya comenzó a gestionar una solución para esa carretera y tras sus peticiones, la Diputación “nos mareó con sucesivas reuniones” con Baltar en enero, mayo, septiembre y noviembre de 2012, otras con el director general de Minas en mayo de 2012 y con técnicos de minas en julio y septiembre del mismo año.

La presentación de la denuncia se acordó en un “concejo abierto” celebrado en el pueblo de San Vicente, al que asistió el alcalde Álvarez Barreiro, y después de que se acordara por unanimidad llevar al juzgado a los sucesivos presidentes de la Diputación en los últimos 15 años, y que fueron José Luis Baltar y, desde febrero de 2012, su hijo José Manuel.

PARCIALMENTE CORTADA 15 AÑOS

La denuncia se refiere, según el texto al que tuvo acceso Europa Press, a la carretera OU-0807, que conecta San Vicente con la carretera nacional, y que quedó parcialmente cortada por los desprendimientos originados por una explotación pizarrera.

“A partir de entonces quedó como un vial limitado a la circulación y con grave riesgo para los usuarios que son, cada día, trabajadores de varias empresas, vecinos e incluso servicios de emergencia que tienen muchas dificultades para acceder a San Vicente, pues la única alternativa es una pista de tierra”, agregó el alcalde.

Según el escrito, el concello de Vilamartín formalizó un convenio con la Diputación de Ourense el día 1 de abril de 2010 para colaborar en la ejecución del Plan Especial de Actuaciones específico para esa carretera, concretamente para el trazado entre el punto kilométrico 7,630 y el punto kilométrico 8,400 por ser el que muestra peores condiciones de estabilidad.

La Diputación había aprobado antes, en septiembre de 2009, un Plan Especial para reparar el vial con dos actuaciones previstas, una de ellas con 150.000 euros de coste y un mes de obras para desviar su trazado y apartarlo de la ladera afectada por los derrumbamientos y otra, que suponía 4 años de obras, para rellenar la vaguada de forma que las laderas tuvieran un sistema de contención.

“No se hizo ninguna de las obras ni la Diputación cumplió ni una de las obligaciones contraídas con este ayuntamiento, tal como certificaron los técnicos municipales que en marzo de 2012 verificaron además el incumplimiento reiterado de la legalidad por parte de la Diputación al instalar en el tramo dañado, una señal de paso prohibido”, sigue el escrito.

Esa señal, según el regidor municipal, supone un riesgo para conductores y todo tipo de usuarios pues nadie vigila su cumplimiento y da origen a más situaciones de riesgo.

“Todas las comunicaciones y conclusiones de las reuniones en las que estuvo la Diputación, fuero obviadas a pesar de conocer la gravedad real de la situación”, continúa el texto de denuncia.

VOLUNTAD DE “INCUMPLIR”

Según Álvarez, nunca se adoptaron las resoluciones necesarias por lo que concluye que la Diputación actuó con “conocimiento y voluntad de incumplir la legalidad vigente, a pesar de los requerimientos del concello de Vilamartín para que se actuase desde cualquier organismo supramunicipal”.

Los incumplimientos denunciados se refieren tanto a los que debían subsanar las deficiencias de la carretera como a las que se implementan para hacer cumplir la legalidad.

La “gravedad de la situación existente desde 1993”, según el escrito, llevó a los denunciantes a incorporar a su escrito, no sólo la documentación de las diferentes reuniones, proyectos y planes elaborados para la carretera, sino también “una relación de todos los ciudadanos afectados para que se depuren las responsabilidades por omisión en la institución titular de esta vía pública”.

“INJUSTICIA TOTAL” Y AGRAVIO COMPARATIVO

A 36 horas del debate de la moción de censura firmada contra él por cuatro ediles del PP y otros dos de Alternativa Popular Galega (APGa), que se celebrará el lunes día 21, el alcalde Enrique Álvarez calificó de “injusticia total” el abandono de esa carretera dañada y aludió al agravio comparativo que supone, entre otras inversiones, la construcción de un gran puente que facilita la circulación de los “15 vecinos del pueblo de Arnado, con una inversión de 2 millones de euros para ese puente que además lleva el nombre de Baltar”.

Por ese vial “y otros construidos con el mismo criterio caprichoso”, hay una mínima circulación, según Álvarez, mientras que la carretera para la que reclama arreglos es la utilizada cada día por los vecinos de San Vicente y cientos de trabajadores de todas las empresas que están en Vilamartín pues es el vial de acceso desde la carretera nacional.

La denuncia fue entregada en el juzgado de primera instancia e instrucción de guardia de la sede judicial en O Barco de Valdeorras.