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Villadelprat se enfrenta a 8 años de cárcel en un nuevo juicio por el caso Epsilon

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Villadelprat se enfrenta a 8 años de cárcel en un nuevo juicio por el caso Epsilon

Villadelprat se enfrenta a 8 años de cárcel en un nuevo juicio por el caso Epsilon

Joan Villadelprat, quien fuera administrador único de la quebrada empresa automovilista vasca Epsilon, se sienta de nuevo a partir del lunes en el banquillo de los acusados, en un juicio en el que el fiscal pide para él 8 años de cárcel por un delito societario y otro de insolvencia punible.

Junto al empresario catalán estará también el británico Mark Payne, director financiero de Epsilon. Ambos deberán responder ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava por su actuación en relación con este fracasado proyecto que aspiraba a competir en la Fórmula Uno y que recibió unos 48 millones de euros en ayudas públicas.

La vista se iniciará con la declaración de los dos acusados el lunes y se prolongará en principio hasta el jueves.

Será la segunda vez que Villadelprat se enfrente a un juicio por este fallido proyecto. En 2013 el empresario catalán ya tuvo que pasar por el banquillo de los acusados y fue condenado por un juzgado mercantil de Vitoria a pagar 900.000 euros a los afectados por las deudas de Epsilon, al considerar que fue el único responsable de la quiebra de esta empresa.

Ahora ambos deberán responder por la venta de la rama de competición de Epsilon a la escudería Epic Racing, creada por Payne después de que ambos fueran conocedores de la situación de insolvencia en la que se encontraba la primera.

El fiscal explica en su escrito de acusación que, pese a saber esa situación, el británico creó en marzo de 2011 Epic Racing, y que un mes después, Epsilon vendió a ésta todos sus activos vinculados con la rama automovilística por 200.000 euros, cuando ésta suponía "el 80 % del activo patrimonial" de la empresa de Villadelprat y su valor era notablemente superior al precio estipulado", que según un informe pericial ascendía a 1.099.236 euros.

De hecho, los 200.000 euros pactados "nunca se llegaron a abonar", lo que constituye, según el fiscal, una prueba más de "la voluntad delictiva de los imputados".

Esta venta se hizo un mes después de que presentaran el preconcurso de acreedores de Epsilon, por lo que ambos sabían que al desgajar la rama de competición vaciaban de "contenido empresarial" a Epsilon y quebraban así "las legítimas expectativas de cobro de sus acreedores".

El objetivo de los acusados, según la Fiscalía, era "sacar de manera fraudulenta" la rama de competición, que era "el pilar" y el "alma mater" de Epsilon, sociedad financiada en su mayor parte por fondos públicos del Ministerio de Ciencia e Innovación, el Gobierno Vasco, las diputaciones de Álava y Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Vitoria y el Parque Tecnológico de Álava.

Además de las penas de cárcel, el fiscal reclama que ambos paguen conjuntamente cerca de 914.000 euros en concepto de multas y de responsabilidad civil.

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