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Vitoria recurrirá ante el TS la sentencia que absuelve a Alonso y Maroto
El Ayuntamiento de Vitoria va a recurrir en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal de Cuentas que ha absuelto a los dirigentes del PP Javier Maroto y Alfonso Alonso por el alquiler gravoso de unas oficinas municipales 2007, cuando ambos formaban parte de la corporación.
El alcalde Gorka Urtaran (PNV) ha dado a conocer esta decisión en una rueda de prensa en la que ha asegurado que el Ayuntamiento “agotará todas las vías posibles para defender el interés general” porque “todos los vitorianos tienen claro que aquel contrato sólo beneficiaba al propietario y perjudicaba a las arcas públicas”
Una vez analizada la sentencia, Urtaran ha defendido la presentación del recurso de casación teniendo en cuenta “los argumentos jurídicos utilizados hasta ahora por el Ayuntamiento” y la existencia de un voto particular en la sentencia del Tribunal de Cuentas que estima que sí existió perjuicio económico en el alquiler de un local en la calle San Antonio de la capital alavesa.
El alcalde ha apelado a la prudencia porque “ahora le corresponde al Tribunal Supremo decidir si acepta o no este recurso” y ha afirmado que el Ayuntamiento seguirá manteniendo que el perjuicio económico para la ciudad de aquel contrato fue de 393.862 euros y no de 189.097,01 euros, como establece el voto particular.
Urtaran ha calificado de “llamativa” la sentencia del Tribunal de Cuentas, que en abril pasado dictó otra resolución “demoledora contra los intereses de la parte imputada y meses más tarde los absuelve”.
Asimismo ha mostrado su extrañeza porque la ponente de la sentencia, Margarita Mariscal de Gante, “no haya sido capaz de convencer a toda la sala para emitir un voto unánime si el caso estaba tan claro”.
La sentencia del Tribunal de Cuentas de anteayer estimaba el recurso presentado por Javier Maroto y Alfonso Alonso contra otro fallo emitido el pasado mes de abril por el mismo tribunal que calificaba el alquiler de los locales de San Antonio como “negligencia grave” y declaraba a ambos políticos responsables contables directos de haber ocasionado un “perjuicio” en los fondos públicos municipales por este alquiler.
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