Vox amplía su querella contra Mas para incluir un delito de malversación de caudales públicos

Vox ha presentado este jueves un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que sea incorporado a la querella que presentó hace un mes contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, en relación con la votación del pasado 9 de noviembre, añadiendo un delito de malversación de caudales públicos.

Según señala el partido presidido por Santiago Abascal en el escrito presentado ante la Sala de lo Penal, Mas autorizó partidas de gasto público para financiar la promoción y realización del “referéndum ilegal” del 9-N. Para quienes cometen delitos de malversación de fondos públicos, el Código Penal prevé penas de cárcel e inhabilitación.

Concretamente, Vox acusa al presidente de la Generalitat de “autorizar y financiar con dinero de todos los catalanes”, entre otras cosas, gastos de publicidad y comunicación, las urnas y las papeletas que se usaron en el denominado “proceso de participación” y una página web oficial.

Además, denuncia que otorgó subvenciones a las 34 asociaciones que integran el llamado Pacto Nacional para el Derecho a Decidir, entre las que se encuentran la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.

En opinión de Vox, “estos hechos resultan especialmente graves cuando la situación de millones de españoles y, por tanto, de miles de catalanes, es angustiosa por la grave crisis económica, las altísimas tasas de paro y las necesidades sociales, para las que faltan los medios públicos”.

NUEVAS PRUEBAS

El equipo jurídico de la formación de Abascal ha aportado nuevas pruebas gráficas de los hechos denunciados presentadas en varios CD que incluyen “todo tipo de fotografías y vídeos de los locales públicos y de la actividad ilegal de votaciones”, captados por ciudadanos.

También se han recogido denuncias formuladas ese día ante las comisarías de los Mossos d'Esquadra en las que se hace referencia a algunos centros públicos donde se votó y se solicitaba a los Mossos “su inmediata intervención para que se impidiese la comisión del delito, se identificase a los responsables y se trasladase el atestado al juzgado de guardia”.

En la querella interpuesta el pasado 13 de octubre ante el TSJC, Vox acusa a Mas de “rebelión y sedición”, además de prevaricación, usurpación de funciones y desobediencia. En aquel momento, el presidente del partido argumentó que el dirigente autonómico había incurrido en un “incumplimiento de las leyes” con su voluntad manifiesta de organizar la consulta.