La Xunta descarta pedir la disolución del Ayuntamiento de Santiago y equipara su situación con la de Orense y Lugo

Lo ha manifestado en la Comisión parlamentaria Institucional, preguntado por la diputada socialista Beatriz Sestayo, quien ha acusado al PPdeG, con Alberto Núñez Feijóo al frente, de “incumplir el propagandístico código ético” de su programa electoral. “¿Por qué se comprometió si no va a hacer nada?”, se ha preguntado, antes de incidir en que “casi todo el gobierno” de Santiago está “imputado en diferentes causas judiciales”.

A modo de argumento, Sestayo ha repasado todos los casos que han afectado al Consistorio compostelano, desde la dimisión del exalcalde Gerardo Conde Roa tras ser imputado por un supuesto caso de fraude fiscal, pasando por la renuncia de su asesor Ángel Espadas a ir en las listas populares tras ser interceptado ebrio y dormido al volante, hasta la presencia actual de un alcalde “poliimputado”, en alusión a Currás.

Al respecto, Uzal ha sentenciado que la Xunta, que utiliza “el mismo rasero” para todos los municipios, descarta la posibilidad de pedir la disolución del Ayuntamiento de Santiago como desecha solicitar que se aplique esta medida a Orense y Lugo, al tiempo que se ha reafirmado en que la posición institucional es “respetar las actuaciones judiciales sin interferir”.

“La Xunta profesa el máximo respeto por los órganos judiciales y por la presunción de inocencia”, ha añadido el director general, al tiempo que ha expresado su deseo de que las causas que afectan al Consistorio de Santiago no afecten “a la gobernabilidad” de la capital gallega. Por último, ha proclamado que Feijóo y su Gobierno han dado “muestras más que suficientes de su compromiso con la ética de la vida pública”.

“Hay que ser respetuoso con la actuación de los jueces y de los tribunales y el compromiso ético con la vida pública por parte de la Xunta es indudable”, ha zanjado el alto cargo del Gobierno autonómico.

MEDIOS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Por otra parte, en el seno de la misma Comisión Institucional, los populares han rechazado con sus votos una iniciativa impulsada por Alternativa Galega de Esquerda (AGE) en la que instaba a la Xunta a dotar con “los medios materiales necesarios y el personal especializado correspondiente” a los órganos judiciales radicados en Galicia para combatirla “de forma eficaz”.

Previamente, por boca de su viceportavoz, Yolanda Díaz, AGE se opuso a incorporar la enmienda sustitutiva presentada por los populares en las que incidían en “reforzar” dichos medios de acuerdo con autoridades del ámbito. PSdeG y BNG sí apoyaron la proposición no de ley de Alternativa, pero sus votos no fueron suficientes para sacarla adelante.

En el debate de la misma, los grupos de la oposición y el PP se han lanzado duras acusaciones mutuas sobre los diversos casos de corrupción que afectan a los distintos partidos en Galicia y España. Tanto Díaz como Beatriz Sestayo (PSdeG) y Tereixa Paz (BNG) han incidido con especial intensidad en las “amistades peligrosas” --en palabras de Díaz-- de Feijóo, en alusión a sus fotografías con el narcotraficante Marcial Dorado.

“NO TIENEN CREDIBILIDAD”

Frente a ello, la popular Paula Prado ha advertido a los grupos de la oposición de que “no tienen credibilidad” ya que sólo critican “los casos que afectan al PP”, pero no los que salpican a sus propios partidos. “Hay personas en el PP que se acercan a la política para beneficiarse, pero también en el PSOE, en el BNG e IU y, si es corrupción, es corrupción todo”, ha advertido.

Así, ha instado a PSdeG y a BNG a pronunciarse sobre los casos de Lugo y Orense, con el alcalde de Lugo, José Clemente López Orozco, “acumulando varias imputaciones” y ha señalado que Díaz no aplica “el mismo discurso” en relación a la deuda de 1,2 millones con Hacienda que Izquierda Unida tiene en la Comunidad de Madrid.

Frente a ello, las tres portavoces de la oposición han advertido a los populares que “tienen bajo sospecha al propio presidente de la Xunta”. Asimismo, Yolanda Díaz ha garantizado a la popular Paula Prado que, por su parte, está dispuesta a mantener “la misma opinión” sobre cualquier caso de corrupción “con independencia de su apellido y venga de lo que venga”.