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Zarrías avisa de que la reforma local prevé atribuir competencias municipales a las CCAA “al margen de procesos legales”
En concreto, Zarrías ha señalado que competencias relativas a la salud, los servicios sociales y la educación pasarán a ser atribuidas a las comunidades autónomas a través de una ley ordinaria del Estado. “Esto se hace obligando a las autonomías a asumir estas competencias o en su defecto a pagar a los municipios el coste para que estos sigan ejerciéndolas”, ha criticado.
En un comunicado, el dirigente socialista ha analizado cómo afectará al ámbito autonómico este proyecto de ley, destacando que conllevará “un descontrol administrativo y financiero” que obligará a que dejen de prestarse determinado servicios a los ciudadanos, “ante la imposibilidad de mantenerlos”.
Para Zarrías, la reforma local supone “un ataque sin precedentes al mundo local, al despojar a los ayuntamientos de sus competencias y desmantelar y privatizar los servicios públicos municipales”, si bien entiende que también afecta “grave y directamente” en varios ámbitos a las comunidades autónomas.
Además, ha apuntado que el proyecto invade competencias autonómicas recogidas en los distintos Estatutos. A su entender, toda la nueva regulación sobre prestación de servicios en municipios menores de 20.000 habitantes “deja a las comunidades autónomas como meras comparsas, sin capacidad de decidir cómo se prestan servicios para los que tienen competencias, al tiempo que les imponen las condiciones en que deben realizar posibles delegaciones de competencias a los municipios”.
“DESCONTROL” FINANCIERO
Asimismo, el dirigente socialista ha advertido de que el texto supone “un descontrol financiero”. “Las consecuencias de la ley, lejos de suponer un ahorro económico, supondrán que las comunidades autónomas deberán prestar unos servicios para los que carecen de financiación, con el consiguiente efecto en sus objetivos de estabilidad presupuestaria”.
“El Estado pasa a convertirse en gestor, interventor y juez de las relaciones de cooperación que voluntariamente puedan acordar las comunidades y sus municipios. La consecuencia de esta situación parece evidente: esos servicios dejarán de prestarse ante la imposibilidad financiera de mantenerlos”, ha concluido.
