Zoido invita al Congreso a mejorar la 'ley mordaza' como pilar de una “seguridad nacional de la concordia”

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha invitado a los grupos parlamentarios a que “pongan rumbo al consenso” para mejorar aspectos concretos de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida por sus detractores como 'ley mordaza', y que defiende como un pilar básico dentro de lo que ha calificado como “política de seguridad nacional de la concordia”.

Zoido ha reivindicado la Transición y también el legado de su predecesor en el cargo, el exministro Jorge Fernández Díaz, en una primera comparecencia ante la Comisión de Interior en la que ha detallado las líneas generales de su Departamento. “Lejos de lo que algunos piensan, estoy seguro que puede ser una legislatura tremendamente próspera y útil para los españoles”, ha augurado.

RUMBO AL CONSENSO

En este sentido, ha comenzado su intervención aludiendo a la derogación de Ley de Seguridad Ciudadana reclamada por la oposición, una norma “garantista con ese binomio de seguridad-libertad” y que responde a la demanda de sectores como los miembros de las fuerzas de seguridad, ya que mejora la “obsoleta” ley de 1992.

“Ha sido tremendamente eficaz para el bienestar de los ciudadanos pero todo es mejorable”, ha admitido, rechazando de plano una derogación que “dejaría sin cobertura legal” funciones como la regulación del DNI o la normativa en materia de armas y explosivos o sobre cacheos. “Pongan rumbo al consenso en artículos concretos, en aspectos definidos y no sobre argumentarios vacíos, eslóganes y apodos”, ha solicitado.

La actualización de la Ley Orgánica General Penitenciaria ha sido otra de las propuestas puestas encima de la mesa por el titular del Interior. Fue la primera que aprobó la democracia en 1979 y Zoido considera que existen “serias contradicciones” con el Código Penal en lo referente a aspectos como la libertad condicional en el cumplimiento del último periodo de la condena.

Igualmente, ha abogado por desarrollar una nueva ley del Reglamento Penitenciario que ayude a “incrementar la protección de los funcionarios ante eventuales agresiones por parte de internos”, en base, ha dicho, a una proposición respaldada por el PP, el PSOE y Ciudadanos.

“Se debe dar rango de ley al régimen flexible de cumplimiento, el control telemático de reclusos en tercer grado, y un largo catálogo que sería preciso abordar, integrando las opiniones más autorizadas de jueces de vigilancia, actores penitenciarios, la mejor doctrina y a la comunidad autónoma de Cataluña con competencia ejecutivas en materia penitenciaria”, ha añadido.

En este contexto, ha calificado de “imprescindible” que comience el proceso de transferencia de la sanidad penitenciaria al sistema nacional de salud, algo que no conlleva gasto adicional y mejora la asistencia de los internos.

VÍCTIMAS Y COLECTIVOS VULNERABLES

El ministro ha insistido en varias ocasiones en que todas sus propuestas están abiertas “de par en par al diálogo e incluso a la discusión”. “Aquí no estamos para hacer lo que nosotros pensamos, sino lo que los españoles necesitan”, ha subrayado.

En el norte de su brújula de la política de seguridad ha situado a diferentes colectivos como las víctimas de violencia de género que reclaman, ha dicho, “que se destierren de una vez el miedo a convivir con alguien que confunde el amor con la posesión”.

También ha citado a los conductores, a los inmigrantes o asilados que reclaman “más seguridad en sus derechos para vivir entre nosotros” y a los ciudadanos que solicitan “más libertades en los lugares de enseñanza, de ocio, en la vía pública, en las redes sociales, o en internet”. “Y cómo no”, ha añadido, “a la España que se ocupa, atiende y apoya a las víctimas del terrorismo, como verdaderos mártires de la etapa democrática”.