La abogacía reclama un “gran pacto de Estado” para “regenerar” la Justicia

El Consejo General de la Abogacía ha reclamado hoy un “gran pacto de Estado por la Justicia” que permita “reconstruir y regenerar” un sistema “estable” que funcione de forma “segura, ágil, previsible y neutral”.

Esta demanda se contiene en la “Declaración programática de la abogacía ante la situación de la Justicia en España” o “Declaración de Vitoria”, hecha pública hoy en el acto de clausura del XI Congreso Nacional de la Abogacía, que se ha desarrollado desde el pasado miércoles en la capital alavesa.

El presidente del Congreso General de la Abogacía se ha encargado de leer el texto, en el que los letrados subrayan que la defensa jurídica “es y debe seguir siendo exclusiva de la abogacía” y advierten de que, “sin derecho de defensa, sin abogacía, sin contradicción, no puede haber Justicia”.

La actual crisis “económica, política y de valores” exige para los congregados estos días en Vitoria “la adaptación de los abogados y sus instituciones”. Por ello, la declaración subraya que se debe “intensificar la defensa de los derechos humanos” y “no mirar para otro lado ante la injusticia”.

En este sentido, la abogacía española reclama en este texto un “gran pacto de Estado por la Justicia”, que además se ofrece a coliderar.

Este pacto debería ser “base de la convivencia y la paz social” y tendría que hacer posible “reconstruir y regenerar un sistema de Justicia estable, con el compromiso de todos, para conseguir que funcione de forma segura, ágil, previsible y neutral”.

Asimismo, consideran que no deben abordarse “reformas de calado, tanto procesales como sustantivas, sin que la abogacía sea oída” y apuestan por desarrollar los “máximos esfuerzos” para trabajar el consenso.

Esta es la única forma, a su juicio, de “evitar afecciones a los derechos fundamentales” como las habidas para este colectivo “con las tasas, la conocida como Ley mordaza o la reforma del Código Penal”.

Los letrados reafirman en la declaración su función social y su compromiso con los más desfavorecidos y exigen a las administraciones públicas un “trato digno y una remuneración digna” para los servicios de turno de oficio.

Además, piden una ley orgánica del Derecho a la defensa, que regule el asesoramiento y la defensa jurídica y refuerce derechos como la formación, la confidencialidad de las conversaciones, la inviolabilidad de las comunicaciones, la deontología o el secreto profesional.

La “Declaración de Vitoria” también aboga por la mejora de la formación de estos profesionales y recuerda que la evolución tecnológica y científica obliga a “innovar y profundizar” para hacerla compatible con la seguridad jurídica.

El congreso, que fue inaugurado el miércoles por el rey Felipe VI, ha reunido a unos 1.200 profesionales, que han debatido sobre los medios de investigación tecnológica, la suplantación electrónica de la identidad, las nuevas formas de nanociencia o la equidad en el acceso a las nuevas medicinas.

Reconocidos expertos como Antonio Garrigues, Miguel Temboury, José Manuel Maza, Ignacio Fernández Toxo, Elvira Tejada, Javier de la Cueva, Luciano Varela, José Esteve Pardo, Rodolfo Miranda, José Antonio Seijas y Miquel Roca son algunos de los ponentes que han tomado parte en estas jornadas.