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El juez estrecha el cerco a los consejeros de las 'black' por sus gastos de noche, en fin de semana y festivos

Ordena a la Policía que cribe los gastos imposibles de vincular con tareas de representación por el momento en que se produjeron

Andreu perfila la acusación por apropiación indebida a los todavía 56 imputados, miembros del Consejo o de la Comisión de Control

Rodrigo Rato se gastó 3.547 euros en bebidas alcohólicas un domingo

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El juez pregunta al fiscal para ver si imputa a Deloitte por el caso Bankia

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

El cerco se estrecha contra los consejeros de Caja Madrid que gastaron sin freno con su tarjeta 'black'. El juez del caso, Fernando Andreu, acaba de pedir a la Policía que realice una criba de los gastos realizados por los miembros del Consejo de Administración y la Comisión de Control durante los fines de semana, días festivos y cualquier jornada laborable a partir de las ocho de la tarde. El motivo de la diligencia ordenada por el juez es delimitar los gastos imposibles de justificar como “de empresa”.

En las últimas semanas, Andreu ha comenzado a delimitar las responsabilidades por los 15,2 millones de euros que gastaron consejeros y directivos de la entidad entre 2003 y 2011. De los 82 que llegaron a estar imputados, ahora solo quedan 56 en esa situación. Los 26 para los que ha decaído la causa se dividen en dos grupos: los que presuntamente cometieron delitos ya prescritos y los que tenían la posibilidad de cobrar parte de su retribución con la tarjeta.

En el caso de los 14 salvados por prescripción se trata de beneficiarios que gastaron más de 50.000 euros pero que pasaron el plástico por última vez hace más de 10 años, y los que gastaron menos de ese dinero hace ya más de un lustro. Los otros 12 son directivos, es decir, altos empleados que podían percibir parte de su sueldo a través de la tarjeta 'black' –tenían otra para gastos de representación– y que, por tanto, solo podrían haber cometido un delito fiscal por no declarar esa parte de su retribución. Sin embargo, en el caso de esa docena de directivos, ninguno gastó más de 120.000 euros al año, cifra en la que sitúa el Código Penal el umbral del delito fiscal.

Para el resto, Andreu dictó el pasado 14 de mayo una providencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es. En ella ordena a la Unidad de Policía Judicial de la Audiencia Nacional que “proceda a seleccionar aquellas operaciones que fueron realizadas en fin de semana, considerando como tal desde las 17:00 horas de los viernes hasta las 8:00 del lunes, en días festivos, o las que se realizaron a partir de las 20:00 y antes de las 8:00 horas”.

Este criterio para la criba parece dejar impune gastos imposibles de clasificar como de representación. Cabe recordar que los consejeros llegaron a gastar en lencería, compras en el supermercado, o retiraban efectivo del cajero. La explicación del movimiento de Andreu está en que el delito de apropiación indebida se puede atribuir con tal de que un gasto supere los 400 euros y con el criterio impuesto a la Policía se superaría ampliamente esa cifra. En el caso de que los imputados se nieguen a reconocer los gastos injustificados, el instructor no descarta solicitar una nueva prueba de carácter “cualitativo”, esto es, en el que el criterio de selección sea el objeto del gasto realizado con la 'black', explican fuentes del caso.

El artículo 252 del Código Penal asegura que incurrirán en apropiación indebida aquellos que “en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido, cuando la cuantía de lo apropiado exceda los 400 euros”. El delito está castigado con hasta seis años de prisión, aunque la devolución de las cantidades y las circunstancias en las que se cometió el presunto delito en el caso de las tarjetas 'black' apuntan a penas que no excederían en ningún caso los tres años de cárcel para quienes pudieran ser condenados por apropiación indebida.

En domingo, de noche o por vacaciones

El informe policial que pide Andreu deberá dedicar un destacado apartado a, por ejemplo, Pablo Abejas, el que fuera presidente de la Comisión de Control de Caja Madrid, destituido de su puesto de director general de Economía del Gobierno de la Comunidad a raíz del escándalo de las tarjetas y recolocado a los pocos meses en una empresa pública. Abejas gastó cientos de euros en hoteles, restaurantes, bares de copas y chiringuitos de Marbella en pleno verano. En el desglose del CD incorporado a la causa también aparecen gastos en estaciones de esquí y campos de golf, en días donde no era posible estar invirtiendo en representación de Caja Madrid. En total, 246.315 euros.

En el mismo informe de la Policía aparecerá el fatídico fin de semana del 4 al 6 de mayo de 2012, que precedió al anuncio el lunes del rescate a la entidad, finalmente saldado con 23.500 millones de euros de dinero público. El viernes, día 4, Rato se reunió por primera vez con el ministro de Economía, Luis de Guindos, y los presidentes de los principales bancos del país. Mientras, el director financiero de Bankia, Ildefonso Sánchez Barcoj, se fue al cine, acompañado de una persona. Fueron 16 euros en entradas pagados con la 'black'. Antes de que acabara el fin de semana y horas antes de que se anunciara el rescate, Sánchez Barcoj se volvió a gastar 175 euros, esta vez en jardinería. Entre 2003 y 2011, Sánchez Barcoj gastó un total de 484.192,42 euros, la cifra más abultada.

Como Rato y Miguel Blesa, Sánchez Barcoj deberá responder no solo por presunta apropiación indebida, sino también por otro presunto delito de administración desleal cometido al auspiciar, tolerar y fomentar el uso de las tarjetas 'black' a efectos fiscales. El mayor cargo a la tarjeta que hizo el exvicepresidente del Gobierno fue de  3.547 euros en bebidas alcohólicas el 27 de marzo de 2011. Aparecerá en el informe: ese día era domingo.

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