Un juez pide acreditación del cargo de Cifuentes tras querella de Marchas 22M

Un juez ha pedido a la Asamblea de Madrid que le acredite la condición de presidenta de la Comunidad de Cristina Cifuentes antes de decidir si admite a trámite la querella de Marchas de la Dignidad contra ella y responsables policiales por su actuación en los disturbios del 22 de marzo de 2014 en Madrid.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el juez de Instrucción número 15 de la capital ha remitido un escrito a la Asamblea para que acredite el cargo de Cifuentes después de que diversas asociaciones hayan presentado una querella contra ella y otras personas derivada de los referidos disturbios cuando la actual presidenta de la Comunidad era delegada del Gobierno en Madrid.

El magistrado solicita el documento a la Asamblea antes de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la querella toda vez que, según el artículo 25 del Estatuto de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en su condición de presidenta de la misma, es aforada ante la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo.

La querella motivo de esta comunicación se presentó a principios de 2015.

En ese momento el Juzgado solicitó a los querellantes que depositaran una fianza de cuatro mil euros por cada una de las asociaciones que firmaban la querella.

Desde entonces los querellantes han presentado dos recursos de reforma ante el propio Juzgado y otros tantos de apelación ante la Audiencia Provincial, que ha confirmado las fianzas, que solo una asociación ha prestado.

Una vez cumplimentado este trámite el Juzgado se ha dirigido a la Asamblea de Madrid a los referidos efectos.

La querella fue presentada por Marchas de la Dignidad 22M, Izquierda Unida (IU) Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación Intersindical.

También por Construyendo la Izquierda-Alternativa Socialista (CLI-AS), Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK), Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), Intersindical de Aragón (IA), Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y Sindicato de Comisiones de Base (Co.Bas).

Además de Cristina Cifuentes figuran como querellados los directores generales de la Policía, Ignacio Cosidó, y de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y otros ocho responsables policiales.

La querella fue presentada por la actuación policial en el dispositivo desplegado en las marchas de protesta por los “graves problemas que está sufriendo la ciudadanía del Estado español” organizadas ese día en Madrid.

Para los querellantes se cometieron delitos como la disolución ilegal de una manifestación, violación de derechos cívicos y constitucionales y prevaricación de los funcionarios públicos.