La actuación del Gobierno ante la corrupción es mala, según el 80 % de españoles

Dos de cada tres españoles están preocupados por la corrupción y el 80 por ciento piensa que la actuación del Gobierno es “mala o muy mala” frente a ella, según las conclusiones del último Barómetro Global de la Corrupción 2016 presentado hoy por Transparencia Internacional.

En rueda de prensa, su presidente, Jesús Lizcano, ha indicado que la encuesta se ha hecho a 60.000 personas en 42 países de Europa y Asia Central, entre noviembre de 2015 y julio de 2016 y, concretamente en España.

Ha agregado que esta “radiografía de la corrupción” señala que en España es percibida como un “problema muy importante”, ya que es el segundo país, tras Moldavia, más preocupado por el asunto.

Precisa que ello genera la “desconfianza de los ciudadanos” y un alejamiento de su clase política.

A diferencia de la mayoría del resto de los países encuestados, los españoles perciben la corrupción en la clase política, mientras que a los funcionarios no les consideran “contaminados”.

La encuesta dice que solo un 3 % de los encuestados en España ha pagado algún tipo de soborno por utilizar los servicios públicos, lo que está muy por debajo de lo denunciado en otros países.

Tanto Lizcano como otro de los miembros del comité directivo de Transparencia Internacional, Manuel Villoria, han destacado el hecho de que en la administración el índice de corrupción sea bastante bajo y que la percepción general de los ciudadanos sea bastante elevada.

Villoria ha precisado que es “donde más distancia hay”, pero que en España no se considera solo corrupción a los sobornos, sino también las “relaciones privilegiadas, el clientelismo y el enchufismo” y que un 90 % de la población cree que algunos reciben un trato de favor.

Ha dicho que los ciudadanos “están indignados y creen que se puede luchar contra la corrupción, pero necesitan apoyo” y ha añadido que el Gobierno “ha suspendido claramente en su lucha contra la corrupción”.

En España, el 28 % cree que ha aumentado en los últimos doce meses y Lizcano ha insistido en que debería haber una ley para poder denunciar los casos, lo que es apoyado por el 48 %.

A su juicio, “la corrupción debería ser un asunto de Estado”, que deberían asumir los partidos políticos, que deberían negociar y ponerse de acuerdo para redactar un documento con una serie de medidas.

Ha precisado que el 19 % la acepta como “normal en España” y el 48 % está “muy de acuerdo” en denunciar los casos.

Villoria ha indicado que mientras en Alemania, un 12 % es partidario de denunciar, en España lo es el 0 % y el 35 % reconoce que es por miedo a represalias, por lo que ha insistido en que “hay que hacer campañas” para lograr una protección legal.

Al ser preguntados los encuestados por los sectores corruptos, Villoria ha distinguido que un 30 % de los albaneses consideran que la policía es corrupta, frente al dos por ciento de los españoles, porcentaje similar al de alemanes o portugueses.

Para el 88 % de los españoles las élites económicas y políticas son corruptas, mientras que en Francia o Suiza lo cree el 66 %.

En cuanto a la corrupción en las instituciones, la percepción del 54 % de los españoles es que en Presidencia del Gobierno y los ministros la hay, frente al 22 % de los italianos o el 10 % de los checos.

Al analizar el Parlamento, baja al 37 % en España, similar a la del resto de los países europeos (27 %), mientras que en el desempeño de sus labores ven corrupción en los funcionarios el 16 % de los españoles, muy por debajo de la media europea (23 %), porcentaje que sube al 25 en el Reino Unido, 41 en Grecia o 40 en Italia.

También hay corrupción en los gobiernos locales para el 30 % de los españoles, el 13 de los suecos, el 8 de los suizos o el 16 de los franceses.

El barómetro también constata que en el mundo de las finanzas hay corrupción para el 15 % de los encuestados en España, frente a la media europea del 17 %, en tanto que entre los directivos de las empresas privadas, así lo cree el 31 % en España, frente al 21 % de la media europea.

En cuanto a que órganos fiscalizadores, como el Tribunal de Cuentas, tengan varias sentencias en las que cuestionan sus nombramientos u otras decisiones, Villoria ha reconocido que ese órgano fiscalizador “ha sufrido bastante en su reputación y debería tomar medidas”, por lo que necesita “legitimarse”.