El acusado de blanquear dinero de la mafia rusa alega que hay pruebas ilegales

La defensa de Alexander Romanov, acusado de blanquear en España 14 millones de euros de la mafia Taganskaya, ha pedido la nulidad de las pruebas de la Fiscalía porque surgen de escuchas telefónicas y registros que son ilegales al basarse en la “estigmatización” del procesado porque es ruso y exconvicto.

Según el letrado Cristóbal Martell, que defiende al principal acusado en el juicio que ha comenzado hoy ante la Audiencia de Palma, el planteamiento inicial de la Fiscalía es: “Ruso que trae dinero a España que en su día resultó condenado: blanqueo de capitales”, pero no se basa en pruebas fehacientes.

El abogado ha incidido ante el tribunal en que Romanov, que se enfrenta a una petición de pena de 17 años de prisión y 40,1 millones de euros de multa, ha sufrido una “lesión relevante” en sus derechos fundamentales al secreto de las comunicaciones, la intimidad y la tutela judicial efectiva.

“Esto es una investigación prospectiva”, ha sostenido Martell en su descripción del papel de la Fiscalía y del juzgado de instrucción, cuya actitud investigadora ha caricaturizado con frases como: “Vamos a pinchar al ruso y a ponernos a esperar, que algo saldrá”.

La jornada inicial del juicio, que se celebra ante la sección segunda de la Audiencia de Palma, se dedicará a las cuestiones previas planteadas por las defensas de los doce acusados, a los que se atribuye blanqueo de capitales, organización criminal, delitos contra los trabajadores, falsedad documental y revelación de secretos. En total, se enfrentan a peticiones de condena que suman 76 años de prisión y 165 millones de euros en multas.

El fiscal Anticorrupción Joan Carrau ha replicado que cuando la jueza de instrucción autorizó las escuchas, la intervención de correos electrónicos y los registros “no decide solo porque es un ruso que se ha comprado un hotel; es un ciudadano ruso con condenas, relacionado con personas que también tienen antecedentes y que además hace una gestión de fondos extraña e inadecuada y en un volumen importante. Esto es una sospecha fundada”.

Carrau ha reprochado al abogado de Romanov que en su relato haya omitido la información referida a los informes de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria que avalaban las sospechas y ha obviado que el principal acusado y su esposa, también procesada, estaban ligados a “círculos criminales” en su país de origen.

“La defensa trata de aislarlo, que no se sepa de dónde viene”, ha recalcado el fiscal, que ha incidido en que había suficientes indicios de delitos para ordenar las escuchas telefónicas y que, además, esta vía de investigación era la única posible sin alertar a los sospechosos.

Ha subrayado que de los pinchazos telefónicos se colige que Romanov “tiene un jefe”, que rinde cuentas a un responsable de la organización mafiosa rusa a cuyas órdenes actuaría, presuntamente, en Mallorca.

También ha indicado el fiscal que se constató que el acusado y sus presuntos cómplices compraron bienes por debajo de su precio real y manejaron injustificadamente importantes cantidades de dinero en metálico, “elementos suficientes como para pensar que se está aflorando dinero” de origen ilícito.

Ha replicado asimismo que los informes que la defensa descalifica como obtenidos de internet son en realidad análisis incriminatorios elaborados por “la oficina contra el crimen organizado del Reino Unido”, el FBI, Interpol y las propias autoridades rusas.

Los letrados defensores de los principales acusados se han sumado a los argumentos en pro de la anulación de las pruebas del letrado de Romanov, que además ha solicitado que se cite como testigos a tres personas a las que se alude en el escrito de acusación como líderes de la mafia rusa Taganskaya.

El fiscal Carrau ha solicitado que se tome testimonio a especialistas en criminalidad organizada del FBI y la Interpol. El presidente del Tribunal, Diego Gómez Reino, comunicará su resolución sobre algunas de las cuestiones previas planteadas hoy a partir de las 13.45 horas.