Los acusados de las “black” de Caja Madrid apuntan al mandato de Terceiro

Las defensas de algunos de los usuarios de tarjetas opacas de Caja Madrid han apuntado hoy al que fuera presidente de la entidad entre 1988 y 1996, Jaime Terceiro, como el responsable de poner en marcha estas visas, cuya naturaleza no varió durante la presidencia de su sucesor, Miguel Blesa

El abogado defensor del exconsejero Ramón Espinar, José María Mohedano, ha explicado durante la presentación de sus conclusiones que a su defendido se le explicó cuando recibió la tarjeta que podía utilizarla para gastos en hoteles, restaurantes o libros, un uso que no cambió en años posteriores excepto en el límite de gasto.

Espinar, que recibió la tarjeta en 1995 del entonces secretario general de Caja Madrid, Ángel Montero, no tuvo en ningún momento capacidad alguna de decisión sobre las tarjetas, ha relatado Mohedano.

Y en representación de Jesús Pedroche y Alberto Recarte, el abogado José María de Pablo ha querido destacar que “el momento clave” del proceso, en el que se decide para qué sirven y cuál debe ser su uso, se remonta a 1988, recién incorporado a la entidad Jaime Terceiro.

Espinar, ha explicado Mohedano, jamás participó “en el diseño, en la aprobación, en el funcionamiento, en la contabilización ni en el tratamiento fiscal, ni en la decisión de las personas a las que debía facilitarse, ni de los límites” de las visas.

Se limitó a emplearla en hoteles, restaurantes o libros, tal y como se le explicó, tanto durante el mandato de Jaime Terceiro como durante los años en los que mantuvo su cargo de consejero a las órdenes de Miguel Blesa, sin que entre ambos periodos se produjera cambio alguno.

Como consejero no ejecutivo, Espinar “no tenía dominio sobre los hechos, y con Blesa siguió actuando de la misma manera que con Terceiro”.

Los letrados, al igual que ha ocurrido a lo largo de las diecinueve sesiones anteriores del juicio, han rechazado aceptar como prueba el contenido de las tablas de excel aportadas por Bankia en las que figuran los gastos efectuados, y han pedido la libre absolución de sus defendidos.