El alcalde de Muras se enfrenta a seis años de cárcel por delito ambiental

El alcalde de Muras, Isaam Algnam (PP), y los demás miembros de la junta de gobierno de ese municipio lucense en el año 2005 -los dos tenientes de alcalde- se sentarán hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial para responder por un supuesto delito contra el medio ambiente, por el que el fiscal solicita para cada uno de ellos seis años de prisión.

En el escrito de acusación, al que EFE tuvo acceso, la Fiscalía sostiene que “a sabiendas de su ilegalidad” y “consciente y voluntariamente”, los miembros de la junta de gobierno del Ayuntamiento de Muras “aprobaron el proyecto técnico de la obra” de una pista forestal ubicada entre dos parques eólicos en la Serra do Xistral.

El fiscal recuerda que ese espacio natural está incluido en la Red Natura 2000 y fue declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) en el año 2004. Además, subraya que “la zona donde se abrió la pista autorizada por los acusados” presenta un “alto valor ecológico y paisajístico”.

De acuerdo con las conclusiones provisionales del ministerio público, “la autorización municipal para construir dicho camino fue otorgada por los acusados sin contar con el permiso previo” ni de la Consellería de Medio Ambiente ni del “organismo de cuenca correspondiente”.

Además, las obras, que costaron 42.151 euros y fueron “sufragadas íntegramente por el Ayuntamiento, fueron ejecutadas en el año 2006 ”sin aportar informe alguno sobre la Declaración de Impacto Ambiental“, a pesar de la advertencia ”expresa“ realizada por la secretaria municipal del Ayuntamiento de Muras.

El fiscal aclara que la propia secretaria municipal había advertido, mediante un informe, que “la obra proyectada y autorizada por los acusados”, al realizarse “en zona incluida en Red Natura”, debía contar con la “autorización de la Consellería de Medio Ambiente”.

El ministerio público sostiene que los miembros de la junta de gobierno incurrieron en un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y otro contra la ordenación del territorio.

Pide para cada uno ellos seis años de prisión y el pago de una multa de 6.480 euros, así como cuatro años de inhabilitación y el abono de una indemnización a la Consellería de Medio Ambiente y al organismo cuenca.