El alquiler vacacional en Mallorca, en la lupa de los detectives

El maremágnum de problemas causados por el alquiler vacacional ha llevado a vecinos de Palma a solicitar los servicios de las agencias de detectives para poner fin a una pesadilla.

La ley del alquiler turístico prohíbe expresamente alquilar pisos a turistas en viviendas plurifamiliares, sin embargo, son muchas las comunidades de vecinos que a pesar de ello viven un calvario debido a este tipo de negocio.

Para agilizar el trámite que ponga fin a ese caos en el edificio y recuperar la armonía perdida, un elevado número de residentes recurre a la contratación de los servicios de detectives privados.

Palma, Alcúdia, Pollença, Calvià y los lugares más concurridos para el veraneo es donde más se reclama la actuación de estos profesionales, según explica Juan Carlos Cabanach, director de una de las agencias que se ocupan de investigar estos casos de alquiler vacacional conflictivo.

Los detectives del grupo Cabanach, empresa presente a nivel nacional e internacional, tienen la misión de obtener pruebas con las que demostrar el uso que se da a un piso para que los vecinos puedan adjuntarlas a su denuncia administrativa.

“El que aporta las pruebas es el detective privado”, señala Cabanach, quien precisa que el principal objetivo del trabajo de estos profesionales consiste en “esclarecer la verdad”.

Acerca de la proliferación de las denuncias por falsos casos de intoxicaciones alimentarias en hoteles de Mallorca por parte de turistas, el director de la agencia señala que, aunque su empresa no ha estado implicada, otros despachos de detectives de las islas sí han investigado el asunto.

“Nuestros detectives pueden investigar fraudes pero cuando tenemos conocimiento de que es un hecho delictivo tenemos la obligación de comunicárselo a la Guardia Civil o a la Policía Nacional y de poner a su disposición todos los datos que hemos recopilado para que ellos se ocupen”, aclara.

En relación a las investigaciones a partidos políticos, Cabanach afirma que su empresa no se dedica a este tipo de actividad desde que en 2013 se publicaron varias noticias en la prensa local sobre unas facturas de un trabajo que habían realizado para el Partido Popular (PP).

“Hubo periodistas que elucubraron sobre si se correspondía la realidad de la factura y el encargo profesional al trabajo que el PP dijo que habíamos hecho o si podían haber sido seguimientos a jueces o fiscales”, relata molesto a la vez que tilda esas teorías de “absoluta barbaridad” porque les atribuían la autoría de unos hechos delictivos que no habían cometido.

El director de la agencia indica, además, que aquella situación le resultó muy desagradable porque su empresa ha intentado operar siempre en un segundo plano y no realizar grandes actuaciones para no llamar la atención.

“He decidido estratégicamente no llevar más asuntos políticos. No son rentables y se pierde mucho tiempo”, sentencia.

Aun así, el profesional de la investigación admite que a lo largo de su trayectoria ha sido contratado por personas de todos los ámbitos sociales del archipiélago, aunque se reserva precisar más porque sería “fácil” llegar a conclusiones en Mallorca y destaca que se encargan de una media de 200 casos al año, aunque en verano la demanda de sus servicios aumenta.

Para llevar a cabo las averiguaciones necesarias con la finalidad de cerrar un caso, los detectives privados utilizan aparatos electrónicos de última generación, como unos localizadores llamados “tracker”, que se adhieren a la parte baja de un vehículo y registra las rutas que hace durante un mes, cámaras de visión nocturna y de infrarrojos, grabadoras digitales y aparatos para detectar micrófonos.

Investigar las redes sociales y los hábitos de una persona en Internet, observarla, seguirla y realizar “trabajo de campo”, es decir, infiltrarse o hacerse pasar por otra persona, son las fases que llevan a cabo los profesionales en sus misiones.

Sin embargo, contratar estos servicios no está al alcance de todos los bolsillos.

“El precio medio de un encargo profesional lo situaría entre 2.500 y 3.000 euros”, apunta el director de la agencia, quien precisa que con esa suma se puede costear una investigación para acreditar el uso de un piso o la conducta de alguien durante dos o tres días.