El juez espera a analizar 46 terabytes de la Púnica para levantar el secreto

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco está esperando a que la Policía analice los 46,7 “terabytes” incautados en los diferentes registros de la operación Púnica para levantar el secreto del sumario de esta trama de corrupción, mientras sigue tomando declaración a imputados y testigos.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, en la operación los agentes requisaron 63 discos duros, 46 “pendrives” y 58 teléfonos con información que podría ser relevante para la causa, en la que se investiga una red corrupta supuestamente liderada por el exconsejero madrileño Francisco Granados y su amigo y socio David Marjaliza.

Esta información, que ocupa 46,7 “terabytes” de espacio (que se corresponden a 47.820 “gigabytes”) se acabó de volcar y copiar poco antes de Navidad y hasta el pasado enero no se comenzó a analizar su contenido, un proceso que llevará varias semanas.

El magistrado mantiene bajo secreto de sumario esta causa, destapada el pasado 31 de octubre con el arresto de 35 personas, entre ellas Granados, Marjaliza, el expresidente de la Diputación de León Marcos Martínez (PP) y los alcaldes de varios municipios madrileños.

Lo ha ido prorrogando mes a mes -el próximo plazo acaba el día 27- y su intención es seguir haciéndolo hasta que se haya analizado toda la documentación, con el fin de asegurar las pruebas y no desvelar así a las partes el contenido de los archivos hasta que se proceda a su examen.

Mientras, Velasco ha seguido estos meses tomando declaración, bajo secreto, a numerosos imputados y testigos, entre empresarios y funcionarios, secretarios y concejales de diferentes ayuntamientos en los que la trama supuestamente operó para conseguir comisiones a cambio de contratos.

Estas declaraciones continuarán llevándose a cabo hasta abril, han indicado las mismas fuentes, que han precisado que la investigación podría estar revelando la implicación en el caso de alguna persona aforada.

La trama de corrupción Púnica operaba supuestamente en varios ayuntamientos y Comunidades Autónomas, sobre todo en Madrid, aunque se extendía por León, Valencia y Murcia.

Aunque abarca a varias comunidades, la intención del juez es mantener el caso como en su conjunto y no partirlo en piezas dependiendo del territorio, ya que hay imputados, concretamente los llamados “conseguidores” de la trama -Marjaliza y el empresario Alejandro de Pedro- que operaban en todos ellos.

Uno de sus presuntos cabecillas era Granados, que fue número dos de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, pues ocupó la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior entre 2004 a 2011.

En la operación fueron también detenidos los alcaldes madrileños de Parla, José María Fraile (PSOE); de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga (PP); de Collado-Villalba, Agustín Juárez (PP); de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas Navarro (PP); de Casarrubuelos, David Rodríguez (PP), y de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez (Unión Demócrata Madrileña-UDMA).

Están imputados de pertenencia a organización criminal y otros 10 delitos de corrupción: blanqueo de capitales, falsificación, delito fiscal, cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude a la Administración.

Están acusados, según el juez, de formar una “trama organizada con perduración temporal y reparto de roles” para lograr la adjudicación irregular de contratos públicos por valor de 250 millones de euros en dos años a cambio de sobornos.

En la ejecución y facturación de estos contratos, sostiene, las autoridades municipales se “plegaron a los intereses de los investigados hasta el punto de incurrir en facturación falsa, falsear informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado o adjudicar trabajos sin contrato previo”.