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El juez archiva el caso de las tres monjas indias retenidas en un convento de Santiago

Las tres religiosas habían denunciado coacciones y amenazas para que no abandonasen la orden de las Madres Mercedarias donde permanecían en clausura desde los años 90

La policía acudió a liberarlas el pasado enero con una orden judicial que alertaba de las condiciones de casi esclavitud que vivían intramuros

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Vista del convento de las Mercedarias, en Santiago de Compostela

Vista del convento de las Mercedarias, en Santiago de Compostela Santiago Turismo

El titular del juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, ha archivado el caso del supuesto secuestro de tres religiosas de origen indio a las que la policía liberó el pasado mes de enero en un convento de las Madres Mercedarias de Santiago. El juez cierra la causa "por no haber quedado acreditado la comisión de delito alguno".

La causa nació con una denuncia presentada ante la  Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la policía y que relataba que tras los muros de ese convento tres mujeres llevaban décadas residiendo "en condiciones de esclavitud". El atestado policial detalló cómo el sábado 23 de enero los agentes del Cuerpo Nacional de Policía sacaron del centro de clausura a tres mujeres que habían ingresado en la orden en los años 90 todavía siendo adolescentes y que permanecían recluidas, según su propio relato, bajo engaños y amenazas y siempre en contra su voluntad.

La operación estuvo coordinada entonces por la titular del juzgado número 1 de Santiago de Compostela, Ana López Suevos, que apreció indicios de los delitos de  detención ilegal, contra la integridad moral. El auto judicial revelaba supuestas amenazas por parte de la madre superiora a las monjas para alertarlas de que si abandonaban el convento serían deportadas, dado que su estancia en España era irregular, y que una vez de vuelta a la India sentirían el rechazo de sus familias. La intervención del juzgado puso a las cinco mujeres al cuidado de los servicios sociales. Tres meses después, otro juez da carpetazo al caso.

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