La auditoría externa del PP era una medida ya prevista en los Estatutos que el partido aprobó en el Congreso de 2012

El PP ya incluyó en los Estatutos que aprobó su XVII Congreso Nacional, en febrero de 2012, la realización de una auditoría anual externa del partido. Además, acordó que colgaría en su página web el “perfil del contratante”, con las instrucciones para contratar con el partido y que los cargos públicos firmaran una “carta de compromiso” en la que, entre otras cosas, incluirían todos sus bienes y contraerían la obligación de actuar con ejemplaridad y honradez.

El lunes pasado, el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, anunciaba como media estrella ante el Comité Ejecutivo de su partido, que iba a dar la orden de realizar una investigación interna de las cuentas y una auditoría externa.

Dos medidas que se presentaron como una reacción contundente para clarificar las sospechas que se habían levantado contra el partido a raíz de las informaciones publicadas en las que se apuntaba que el extesorero Luis Bárcenas había pagado sobresueldos en negro a cargos del PP durante años.

Sin embargo, la auditoría externa del PP era una medida que el partido ya había contemplado y que incluyó en los Estatutos aprobados el 18 de febrero de 2012 en el Congreso de Sevilla. En concreto, en el artículo 55, en su punto tercero se dice textualmente: “Anualmente se someterán las cuentas del partido a una auditoría externa”.

TAMBIÉN SE INCLUYÓ EN EL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS

En ese cónclave, el PP acordó llevar a sus Estatutos varias de las medidas que Mariano Rajoy ya había incluido en un 'Código de Buenas Prácticas' aprobado en diciembre de 2009 tras destaparse el 'caso Gürtel' en la primavera de ese mismo año.

En ese código ético, que presentó públicamente la entonces responsable de Organización del PP, Ana Mato, el Partido Popular se comprometía a someter anualmente sus cuentas a una auditoría externa que se publicaría en su página web.

Sin embargo, en estos tres años el PP no ha llegado a hacer esa auditoria de sus cuentas, que sí que han sido revisadas por el Tribunal de Cuentas, según han reiterado estos días insistentemente los miembros de la dirección 'popular'.

Cuando este lunes se le recordó a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que ya el Código de Buenas Prácticas obligaba a hacer auditorías, ésta respondió que lo que ese documento decía era que se podrán someter las cuentas a esa fiscalización. “Va a ser la primera vez que un partido sometas sus cuentas a una auditoría externa”, enfatizó.

LA CARTA DE COMPROMISO

Los Estatutos del PP también recogieron en el último congreso las exigencias del código ético relativas a la carta de compromiso de los cargos públicos y la declaración jurada.

Así, se establece que, con carácter previo a la asunción de un cargo público, responsabilidad política o función ejecutiva en la organización, se deberá suscribir una “Carta de Compromisos”. Se trata de un documento que contendrá el conjunto de obligaciones de “contenido ético y deontológico” y se precisa que la negativa a firmarlo “impedirá ser candidato” en los procesos electorales, cargos públicos o tener responsabilidades ejecutivas en el PP.

En el epígrage referido a los cargos de representación institucional se justifican las medidas que se incorporan alegando que se trata de “pautas de conducta y ejemplaridad a las que deben ajustarse los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones ejecutivas en la organización con el objetivo de reforzar y poner en valor el compromiso con los principios y valores que deben presidir el digno ejercicio de la actividad política”.

RENOVAR CADA DOS AÑOS LA CARTA DE COMPROMISO

Entre estas obligaciones que contiene la carta de compromiso, que además debe ser renovada cada dos años, está una “declaración jurada” de que no hay ninguna causa jurídica que le inhabilite para participar en un proceso electoral, ni ningún posible conflicto de intereses con su persona o los intereses privados de los que es titular.

También se especifica el compromiso de actuar públicamente de acuerdo con los principios de integridad, responsabilidad, transparencia, ejemplaridad y honradez, así como la obligación de poner a disposición del Comité de Derechos y Garantías, cuando este lo requiera, la declaración de bienes y actividades que por razón de cargo público están obligados a depositar en la institución correspondiente.

En caso de no estar obligados a realizar esta declaración, deberán poner a disposición una en la que se incluyan: “Bienes, derechos y obligaciones patrimoniales que posean; valores o activos financieros negociables; participaciones societarias; objeto social de las sociedades de cualquier clase en las que tengan intereses personales; las sociedades participadas por aquellas otras que sean objeto de declaración y con señalamiento de sus respenctivos objetos sociales.

SEPARAR CLARAMENTE LO PUBLICO DE LO PRIVADO

Además, se tendrán que comprometer a “separar claramente” en su actuación “lo público de lo privado” y a “distinguir decididamente las actividades públicas de las privadas y las del partido”.

Los cargos del PP también adquieren, con esa “carta de compromiso” la obligación de comunicar a la dirección del PP la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito y de poner a disposición del partido el cargo público u orgánico que desempeñe cuando el Comité Nacional de Derechos y Garantías considere que su permanencia en el mismo daña a la propia organización o a la institución.

EL PERFIL DEL CONTRATANTE AUN SIN COLGAR

En aras de la transparencia en los procedimientos de contratación que lleve a cabo el partido, el PP incluyó en sus estatutos el compromiso de difundir, a través de su página web las instrucciones de contratación en un acceso que tendría la denominación de “perfil del contratante”.

Sin embargo, casi un año después de que se celebrara el cónclave popular y se aprobaran estos estatutos, la web de los populares no ha incluido aún este perfil.

El PP también contemplaba la constitución de mesas de contratación, como órgano deliberante en los distintos ámbitos territoriales, para “analizar y ponderar” las ofertas en los contratos de publicidad, viajes y actos del partido, así como de las campañas electorales.

Estas mesas se renovarán cada dos años y deben estar formadas por cinco miembros: el gerente, que la presidirá, un auditor interno, el tesorero y dos vocales. Y además, deberá elegir la oferta económica “más ventajosa”, después de analizar al menos tres, y sólo en caso de “urgencia justificada” y con “carácter excepcional” podrán hacerse adjudicaciones de contratos sin convocar la mesa.

MÁS CONTROL DEL PATRIMONIO

En noviembre de 2009, justo un mes antes de aprobar el Código de Buenas Prácticas, Rajoy presentó en Sevilla las bases para un pacto por la transparencia y contra la corrupción que incluía, entre otras medidas, un mayor control y fiscalización del “patrimonio y las actividades privadas” de los cargos públicos.

Rajoy lanzó esta oferta en un momento en que Luis Bárcenas había abandonado la tesorería del PP --el 28 de julio de 2009-- tras ser implicado en la trama de corrupción 'Gürtel' pero seguía siendo senador. De hecho, Bárcenas no renunció a su escaño hasta el 19 de abril de 2010.

“Es preciso someter a un mayor control y fiscalización los ingresos, el patrimonio, las actividades privadas y las actuaciones públicas de todos los cargos públicos, con el fin de detectar y prevenir los casos de corrupción que pudieran producirse”, reza textualmente en el documento que presentó públicamente Rajoy que ha recogido Europa Press.