Un total de 88 ayuntamientos con graves problemas financieros se han acogido al plan especial de Hacienda

Un total de 88 ayuntamientos españoles se han acogido ya al plan de apoyo a entidades locales con problemas financieros puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el mes de julio para conseguir equilibrar sus cuentas, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio.

Las medidas, previstas en un real decreto-ley aprobado por el Gobierno a finales de junio, son de carácter extraordinario, temporal y voluntario, y están destinadas a aliviar la situación financiera de aquellas entidades que, por ejemplo, cuenten con una elevada deuda con sus acreedores públicos y no puedan hacer frente a sus pagos ordinarios.

Aunque en el momento de la aprobación del plan de rescate los cálculos de Hacienda situaban la cifra de ayuntamientos con graves problemas financieros en 536, por el momento son sólo 88 los que han decidido acogerse a las medidas extraordinarias.

De hecho, el Gobierno decidió la semana pasada ampliar en un mes el plazo establecido inicialmente para solicitar la ayuda y dar así una nueva oportunidad a las corporaciones que no se habían acogido todavía, según consta en una disposición adicional incluida en el real decreto-ley de medidas urgentes en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras, publicado el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

“PROBLEMAS DE GOBERNABILIDAD”

Según explican las fuentes de Hacienda consultadas, muchos ayuntamientos con problemas financieros no se habrían acogido al plan de rescate por “problemas de gobernabilidad”, es decir, por no tener el apoyo suficiente en el Pleno para sacar adelante la propuesta. Por ello, además de ampliar el plazo, el Ministerio ha autorizado ahora a los gobiernos locales a tomar la decisión sin necesidad de someterla a votación en el Pleno municipal.

“Cuando siendo competencia del Pleno de la Corporación Local éste no alcanzara, en una primera votación, la mayoría necesaria para presentar la solicitud de acogerse a determinadas medidas, aprobar el plan de ajuste o aprobar alguna de las medidas incluidas en dicho plan de ajuste, la Junta de Gobierno Local asumirá esta competencia”, explica el real decreto-ley.

Las medidas puestas a disposición de los municipios conllevan “condiciones muy estrictas” para aquellos que se acojan, tal y como reconoció el propio ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Por ejemplo, se les obliga a reducir sus gastos de funcionamiento en el primer año, congelarlos en los dos siguientes, y limitarlos en los años sucesivos.

CONDICIONES “ESTRICTAS”

También tienen la obligación de financiar íntegramente el coste de los servicios públicos prestados con tasas o precios públicos, no pueden aprobar medidas que supongan un aumento de la recaudación ni suprimir tributos, ni adquirir, construir o participar en la constitución de nuevos organismos, sociedades, consorcios, fundaciones o cualquier otro ente.

Además, al acogerse al plan, los ayuntamientos están obligados a remitir un plan de ajuste o una modificación del que ya tuvieran y a permitir el acceso a toda la información que Hacienda considere relevante. Además, el Ministerio está capacitado para realizar el seguimiento y el control de las medidas que soliciten para comprobar que se cumplen las condiciones establecidas.

De los 88 ayuntamientos que ya se han acogido, prácticamente todos son pequeños, y al menos 10 se encuentran en una situación tan complicada que les ha impedido incluso concurrir al tercer plan de pago a proveedores, según fuentes de Hacienda. Se trata de municipios que adeudan dinero a la Agencia Tributaria (IRPF), a la Seguridad Social y que han dejado de pagar intereses de las devoluciones de los primeros planes de proveedores.

No obstante, el departamento que dirige Cristóbal Montoro ha explicado en reiteradas ocasiones que aunque la situación de estos municipios es muy difícil, representan un número muy pequeño comparado con los 8.115 ayuntamientos del país. De hecho, insisten en que la local es la administración más saneada y que ya cerró 2012 sin déficit.