Un año de bipartito andaluz como “resistencia” de izquierdas ante el Gobierno

El bipartito formado por PSOE e IU ha cumplido su primer año de legislatura al frente del Gobierno andaluz como abanderado de la “resistencia” de izquierdas ante las medidas del Gobierno central, con iniciativas de gran calado social que buscan luchar por otro camino contra la exclusión y los desahucios.

Con varios recursos de inconstitucionalidad interpuestos ante las leyes del Gobierno, los dirigentes andaluces señalan en el mapa a la comunidad como un punto de “lucha” para buscar otra salida a la crisis, aunque en palabras del PP andaluz sólo se trata de buscar la confrontación para obtener un rédito político.

Un año de pelea contra la austeridad y sin apoyo del Gobierno central, según la Junta; un año “perdido” y vacío de las reformas necesarias para mejorar la situación, según el PP.

Desde el inicio de la legislatura, el objetivo de déficit para 2012 fue el principal campo de batalla de los dirigentes andaluces, que siempre han reclamado un reparto más “justo” para las comunidades y cuyo límite -1,5 por ciento del PIB- superaron hasta cerrar el ejercicio con un 2,02 por ciento.

El sello de IU, incluido en el pacto que cerraron ambas formaciones de izquierdas para diluir la mayoría de escaños que logró el PP en las últimas elecciones autonómicas, no ha pasado desapercibido en un Ejecutivo que pasa a la “ofensiva”.

Como mayor referente de esa política social se presenta el decreto de vivienda aprobado recientemente, que permite expropiar temporalmente viviendas a los bancos, y que ha supuesto la oposición del Gobierno, que quiere una solución conjunta en el país, y las dudas de la Comisión Europea sobre su compatibilidad con los compromisos adquiridos por España para recibir la ayuda financiera.

A pesar de ello, no será el último paso de la Junta para luchar por otras vías contra la exclusión, ya lo dijo tras su aprobación el presidente andaluz, José Antonio Griñán, que nunca ha dudado en criticar la política económica actual y al que incluso ahora le entran dudas sobre si Europa “merece la pena” si no da luz verde a esta norma.

De hecho, otro decreto, contra la exclusión social, ha sido aprobado para “impugnar el orden establecido” y luchar contra las desigualdades, aunque para los populares está “lleno de trampas” y busca “el titular” por encima de la eficacia.

Con una comunidad a la cabeza de España y Europa en paro, con una tasa que supera ya el 36 por ciento, el Ejecutivo andaluz anda con el lastre del desempleo, que cada vez pesa más, y con la sombra de los ERE irregulares, que se hace más amplia.

Las responsabilidades políticas quedaron vacías tras el fracaso de la comisión de investigación desarrollada en el Parlamento, que se cerró sin conclusiones finales por la negativa de los partidos a ceder terreno en sus peticiones y que tiró a la basura meses de trabajo, horas y horas de declaraciones.

Posteriormente la Junta por primera vez ha reconocido la responsabilidad política de los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández, donde parece que ahora buscan poner el límite.

Fue la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, quien habló de ellos, la misma que es señalada por el PP como responsable junto a Griñán y al expresidente Manuel Chaves, y a la que IU pedía la dimisión antes de integrarse en el equipo de gobierno.

El fraude ha centrado, como en los últimos años, los debates en el Parlamento, que casi siempre dejan de lado el tema previsto para ahondar en él, con los populares andaluces pidiendo sin éxito responsabilidades políticas y con el PSOE achacando al líder del PP-A, Juan Ignacio Zoido, que solo base en ello su oposición.

Para consensuar medidas, Griñán lanzó el guante y propuso un Pacto por Andalucía entre partidos, sindicatos, empresarios y organizaciones sociales que permitiera buscar una solución conjunta a la situación de la sociedad, aunque meses después y varias reuniones por medio, hay más palabras que medidas concretas.

Reducir la tasa de paro e intentar que no “caigan” en la exclusión más familias se presentan ahora como principales retos del bipartito de izquierda, “de perdedores” para el PP, que seguirá reclamándoles reformas y más reformas.

Enrique Bermúdez