Un juez brasileño acepta la denuncia contra Cesare Battisti por evasión de divisas

Un juez brasileño aceptó la denuncia contra el ex activista italiano de izquierdas Cesare Battisti por evasión de divisas al intentar cruzar en octubre pasado la frontera con Bolivia con una elevada cantidad de dinero en efectivo sin declarar, informaron hoy fuentes oficiales.

El magistrado, de la 3ª Corte Federal de Campo Grande, capital del estado de Mato Grosso do Sul, decidió aceptar la querella presentada por la Fiscalía contra Battisti, condenado en Italia a cadena perpetua por cuatro asesinatos cometidos hace unos 40 años y al que le fue concedido refugio en Brasil desde 2009.

El italiano, reclamado desde hace años por su país de nacimiento, fue detenido a principios del mes de octubre en el municipio brasileño de Corumbá, fronterizo con Bolivia, con unos 6.000 dólares y 1.300 euros en efectivo que no declaró ante las autoridades aduaneras, como exige la ley.

Por ello, fue enviado a prisión preventiva por un posible delito de evasión de divisas, pero días más tarde un tribunal de segunda instancia le concedió un hábeas corpus solicitado por su defensa que le permitió responder al proceso en libertad.

No obstante, se le impuso una serie de medidas restrictivas mientras avanzaba el caso.

Según declaró en una entrevista con Efe realizada en Cananeia, en el litoral de Sao Paulo, donde vive desde principios de año, su detención fue un “intento de secuestro” y aseguró que las autoridades habían accionado un avión para mandarle de vuelta a Italia sin pasar por la Justicia.

“Creo que estaba siendo seguido por la Policía Federal. Yo no me había dado cuenta de nada, no estaba con paranoia, pero después de Corumbá me di cuenta de que estaban encima de mí organizando un secuestro desde mayo. No se puede hablar de otros términos cuando se quiere ejecutar algo sin pasar por la justicia”, explicó entonces.

Battisti ha manifestado en repetidas ocasiones su temor a que el actual presidente brasileño, Michel Temer, revoque el decreto a través del cual Luiz Inácio Lula da Silva rechazó su extradición el última día de su mandato, el 31 de diciembre de 2009.

También en octubre pasado, la Corte Suprema de Brasil concedió una cautelar que impide al Gobierno brasileño extraditarle, deportarle o expulsarle del país.

Sin embargo, el hecho de aceptar la denuncia por evasión de divisas puede abrir paso a una eventual extradición debido a que para el Ministerio de Justicia constituye una “ruptura de la confianza” que le fue otorgada cuando fue acogido en Brasil.

El ex activista de izquierdas, que supera los 60 años, fue miembro del grupo Proletarios Armados por el Comunismo (PAC), un brazo de las Brigadas Rojas, la banda armada más activa durante la ola de violencia política que sacudió a Italia hace cuatro décadas.

En 1993 fue juzgado en ausencia por un tribunal italiano que lo halló culpable de los asesinatos de dos policías, un joyero y un carnicero, cometidos entre 1977 y 1979.

Primero huyó a Francia y después a Brasil, donde fue capturado en marzo de 2007 en Río de Janeiro en una operación conjunta de agentes de Brasil, Italia y Francia.

La Corte Suprema brasileña autorizó la extradición en 2009 en un fallo no vinculante que finalmente quedó en nada tras la decisión final de Lula.