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Un cementerio que crece imparable ante al fracaso de la política en Libia

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Un cementerio que crece imparable ante al fracaso de la política en Libia

Un cementerio que crece imparable ante al fracaso de la política en Libia

Miles de personas se dejaron un año más la vida en el Mediterráneo persiguiendo el sueño europeo desde las costas de Libia, país al que la guerra, el vacío de poder y el fracaso de la política internacional han convertido en la meca soñada para las mafias que comercian con los inmigrantes.

Las cifras son contundentes y demoledoras: según la agencia de Naciones Unidas para las Migraciones, desde el uno de enero al uno de diciembre de 2016 un total de 4.700 personas perecieron en el mar cuando intentaban alcanzar territorio europeo en embarcaciones precarias.

Alrededor de 200.000 fueron rescatados cuando ya se ahogaban o viajaban a la deriva por servicios de guardacostas europeos, libios o tunecinos o por las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la zona.

Un total de 171.000 de ellos fueron llevados a centros de acogida e internamiento en Italia, el país más afectado por esta crisis junto al lugar de origen, Libia, donde las cifras de inmigrantes rescatados -también calculadas en miles- se desconocen con exactitud debido a la carencia de instituciones fiables.

Cifras que, además, baten vergonzantes récords: los 4.700 muertos de este año significan cerca de mil víctimas mortales más que en 2015, mientras que los 171.000 refugiados en Italia supone el mayor número de inmigrantes irregulares acogidos por este país en su historia reciente.

"El incremento no se debe al cierre de la llamada ruta de los Balcanes, si no que es un problema libio que tiene que ver con el caos que reina en ese país", explica a Efe un diplomático europeo destinado en el norte de África.

Las citadas cifras parecen concederle la razón: de acuerdo con las estadísticas del ministerio italiano de Interior, la mayor parte de los inmigrantes acogidos proceden de naciones de África subsahariana.

Alrededor de 36.000 viajaron desde Nigeria, unos 20.000 desde Eritrea y 12.000 desde Guinea, países que como Sudán, Níger o Mali se encuentran lejos de esa ruta que parte de Oriente Medio, cruza Turquía y desembarca en Grecia.

"Es un problema político que se ha agudizado al tiempo que se ha deteriorado el conflicto en Libia en estos dos últimos años", agrega el diplomático, que prefiere no ser identificado.

"Se habla mucho en la prensa de las pateras, de las ONG, que hacen un trabajo esencial, y de los centros de acogida, pero casi nada del origen de esta crisis, de la verdadera razón, en la que la comunidad internacional tiene mucha culpa", subraya.

Y es que Libia, desde cuyas costas salen casi todas las pateras, es un estado fallido, víctima del caos y de la guerra civil, desde que 2011 la OTAN contribuyera a la victoria de los rebeldes sobre la dictadura de Muamar al Gadafi.

Tras un intento fallido de reforma democrática, la frágil transición comenzó a derrumbarse en 2014, fecha en la que el gobierno de corte islamista que controlaba Trípoli rechazó el desenlace de las elecciones y se negó a ceder el poder al Parlamento recién elegido.

La nueva Cámara se refugió en la ciudad de Tobruk, en el este del país, y Libia quedó a merced de dos gobiernos: uno considerado rebelde en la capital y otro apoyado por la comunidad internacional en el citado puerto oriental.

El primero con apoyo de la mayoría de las milicias islamistas del país y el segundo con el respaldo de países como Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

A las filas de este último se sumó el mariscal Jalifa Hafter, un ex miembro de la cúpula militar que aupó al poder a Al Gadafi y que años después, reclutado por la CIA, devino en su principal enemigo en el exilio.

Consciente de la oportunidad que se abría, Hafter regresó a su país en marzo de 2011 y tres años después fue nombrado jefe del llamado Ejército regular libio. A día de hoy es el hombre fuerte del gobierno del este.

En 2014, la ONU emprendió, por su parte, un proceso de diálogo y reconciliación que concluyó con la firma de un acuerdo en diciembre de 2015, y que lejos de tender puentes ha agudizado aun más la fractura.

En virtud de ese acuerdo, que no rubricó en pleno ninguno de los dos gobiernos, se creó en abril de este año un Ejecutivo de unidad que nueve meses después carece aún de legitimidad y ni siquiera controla la capital, donde reina la pobreza y el enfrentamiento entre milicias.

Dominada la actividad económica por las mafias -que trafican con armas pero también con personas-, de la anarquía se han aprovechado igualmente los grupos yihadistas, que se han extendido tanto en la costa como en las zonas desérticas del sur.

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