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Un juez colombiano ordena capturar a la cúpula del ELN por atentados a un oleoducto
Un juez colombiano ordenó la captura de los cinco máximos dirigentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla del país, por delitos relacionados con ataques contra el oleoducto Caño Limón Coveñas, el principal de Colombia, informó hoy la Fiscalía.
La media alcanza el máximo líder del ELN, Nicolás Rodríguez, alias “Gabino”, así como Eliécer Herlington Chamorro, alias “Antonio García”; Israel Ramírez, alias “Pablo Beltrán”; Rafael Sierra Granados, alias “Ramiro Vargas” y Gustavo Aníbal Giraldo, alias “Pablito”, integrantes del Comando Central (COCE) del ELN.
Los jefes guerrilleros son procesados como personas ausentes porque ha sido imposible verificar su paradero, además no han mostrado ninguna disposición para presentarse ante las autoridades judiciales.
El Gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció el pasado 30 de marzo en Caracas que establecerá una “fase pública” de negociaciones con el ELN, cuyo inicio ha condicionado a la solución de algunos “temas humanitarios”, entre ellos el fin de los secuestros.
La medida contra los integrantes del COCE la tomó un juez de Bogotá por los atentados que esa guerrilla cometió contra “el oleoducto Caño Limón-Coveñas y sus efectos contra el medio ambiente ocurridos entre 2011 y 2016”, informó la Fiscalía en un comunicado.
El oleoducto, de poco más de 700 kilómetros de longitud, fue inaugurado en 1986 y transporta crudo extraído de los campos de Caño Limón, en el nordeste colombiano, hasta Coveñas, puerto caribeño de exportación.
En el proceso contra los miembros del COCE, la Fiscalía los acusa de los delitos incluidos en el Derecho Internacional Humanitario como “actos de terrorismo, ataque contra obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, utilización de métodos de guerra ilícitos y destrucción del medio ambiente homicidio en persona protegida”.
Según la investigación, los ataques del COCE produjeron el derramamiento de 3.596.332 barriles de petróleo, lo que representa pérdidas superiores 22.747 millones de dólares y daños ambientales que no se pueden cuantificar.
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