El congreso de Nicaragua aprueba una ley para pedir millonaria indemnización a EEUU

El Parlamento de Nicaragua aprobó hoy una ley que ordena al Estado reclamar por vía legal una multimillonaria indemnización a EEUU con base en una sentencia de 1986 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por daños causados durante la guerra civil nicaragüense.

La denominada Ley de Defensa del Patrimonio Nicaragüense fue aprobada durante una sesión extraordinaria convocada de urgencia y contó con el voto favorable de los 75 diputados sandinistas y sus aliados, y el voto en contra de 15 legisladores de oposición.

La decisión se adoptó un día después de que el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara baja de EE.UU. aprobara la “Nica Act”, un proyecto de ley que trata de frenar desembolsos hasta que este país celebre elecciones “libres, justas y transparentes”.

El Gobierno de Nicaragua anunció el pasado jueves que reclamará por vías legales una indemnización a EE.UU., que calcula en 17.000 millones de dólares.

El fallo de la CIJ fue emitido el 27 de junio de 1986 para condenar los ataques con explosivos contra puertos y otras instalaciones de Nicaragua durante la guerra civil que vivió este país centroamericano en la década del ochenta.

La Administración de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) retiró la reclamación de indemnización contra EE.UU.

No obstante, el presidente del Parlamento nicaragüense, el sandinista Gustavo Porras, alegó que el desestimiento fue hecho por el Ejecutivo en septiembre de 1991 ante la CIJ y que nunca se aprobó una Ley para renunciar a esa indemnización.

El diputado del opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC) Maximino Rodríguez acusó al Gobierno sandinista durante el debate de Nicaragua está regresando “a la guerra fría”, y llamó a no actuar “de forma precipitada”.

“Analicemos qué es lo que realmente está pasando para que no suceda lo que está pasando en Venezuela”, agregó.

El Parlamento también aprobó una declaración de rechazo a la “Nica Act”, que sus propulsores catalogaron como una “actuación injerencista” del Congreso norteamericano que intentar menoscabar los derechos fundamentales de soberanía y autodeterminación.

El objetivo de la “Nica Act” es que la Administración estadounidense se oponga a la concesión de préstamos al Gobierno de Daniel Ortega, de 250 a 300 millones de dólares anuales, “excepto por razones humanitarias o para promover la democracia en Nicaragua”.

La “Nica Act” deberá ser considerada en el pleno de la Cámara de Representantes y el Senado.

Una versión similar a este proyecto ya fue aprobada por unanimidad en septiembre pasado por la Cámara de Representantes de EE.UU. semanas antes de que se celebraran en Nicaragua unas controvertidas elecciones en las que no pudo participar el principal grupo de oposición y Ortega consiguió su cuarto mandato, tercero consecutivo.

Tras la renovación del Congreso de EE.UU. con las elecciones legislativas y presidenciales del año pasado, un grupo de congresistas liderados por Ileana Ros-Lehtinen volvió a presentar la iniciativa para que pudiera ser considerada durante este nuevo periodo de sesiones.

EE.UU. es el principal destino de las exportaciones de Nicaragua y es la principal fuente de sus remesas, que alcanzan hasta un 6 % del PIB, mientras que las inversiones estadounidenses generan 300.000 empleos en el país centroamericano.