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La consejera andaluza de Vivienda, sorprendida por que Bruselas "haya callado 20 años" y "mueva ficha" tras su decreto

La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, se ha mostrado este viernes "sorprendida" por que la Comisión Europea "haya callado 20 años que el Estado, según la sentencia de Luxemburgo, incumpla sistemáticamente una directiva que protege a los ciudadanos" y que, sin embargo, "mueva ficha en el mes que lleva en vigor el Decreto-Ley de Función Social de la Vivienda".

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La consejera andaluza de Vivienda, sorprendida por que Bruselas "haya callado 20 años" y "mueva ficha" tras su decreto

En declaraciones a los periodistas en un acto en el que Cortés ha entregado a familias de Bailén (Jaén) los proyectos de obras para rehabilitar sus viviendas mediante el Plan de Choque por el Empleo, ha señalado que con este Decreto-Ley se trata de "acercarse a la legislación europea en materia de vivienda deshabitada".

El documento, ha asegurado, "tiene el objetivo de proteger a las familias que por mor de las políticas impuestas de rescate se han empobrecido". Se trata, ha reiterado, de "proteger a las personas que se encuentran en una situación previa al desahucio, esos son los objetivos del decreto en cuanto a función social de la política".

Además, la consejera ha lamentado que la Comisión haya pedido explicaciones acerca del decreto que fue aprobado con los votos a favor de los parlamentarios andaluces, hecho que ha conocido "lamentablemente" tras el Consejo de Ministros, en el que se ha informado de la petición de Bruselas. "Es un memorándum secreto en el que se describe el rescate a la banca", ha expresado.

"Yo lo que planteo es que vivimos un Estado social, democrático y de derecho, que el Decreto-Ley es plenamente constitucional y estatutario", ha apostillado. "Es necesario construir la Europa de los ciudadanos y que defienda el interés general y lógicamente los ordenamientos de cada Estado".

Por último, ha insistido en que "vivimos en un Estado con una Constitución y un Estatuto", motivo por el que pide "que las condiciones del rescate se hagan públicas, como pública es la Constitución y el Decreto-Ley" aprobado sobre la función social de la vivienda.

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