El consejero andaluz de Economía defiende la legalidad de sus actuaciones

El consejero andaluz de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha defendido hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que todas las actuaciones que llevó a cabo como vicerrector de la Universidad de Sevilla fueron “legales” y “conocidas y vigiladas” por la administración.

Arellano ha hecho estas declaraciones a los periodistas a su salida del alto tribunal andaluz, donde ha prestado declaración durante hora y media ante Juan Ruiz Rico, juez instructor de la causa por la que había sido citado hoy a declarar en calidad de investigado y que está relacionada con la adjudicación supuestamente irregular de una obra cuando era vicerrector de la Universidad.

El consejero, que ha trasladado también ante el juez que “en ningún caso” se produjo “ningún menoscabo” de dinero público con su actuación, ha respondido a las preguntas del magistrado, del fiscal y su abogado dado que, según ha explicado, el Colegio de Arquitectos de Sevilla, de quien partió la denuncia sobre la adjudicación del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla origen de la causa, no se ha personado.

También ha informado de que el Tribunal Contencioso Administrativo 11 de Sevilla ha inadmitido el recurso contencioso que pretendía plantear el Colegio de Arquitectos, y ha agradecido el “tono empleado” por la Sala de lo Civil y Penal del TSJA durante su declaración, que le ha permitido expresarse “libremente y con mucha amplitud” sobre todas las cuestiones que hace tiempo, dice, deberían haberle planteado a él o a la Universidad de Sevilla.

Su declaración se produce después de que el TSJA abriera diligencias tras la denuncia de la Fiscalía Superior de Andalucía presentada contra él por presunta prevaricación administrativa y falsedad en documento público, a raíz de la interpuesta a su vez por el Colegio de Arquitectos de Sevilla por la citada adjudicación.

Arellano ha incidido en que sus actuaciones fueron “regulares y legales”, además de “conocidas y vigiladas por todos los procedimientos administrativos normales y convencionales en una administración pública tan grande como la Universidad”.

Ha reducido el asunto a una “discusión sobre asesorías técnicas” correspondiente a “momentos distintos en la Universidad donde se tomaban decisiones que no estaban conectadas las unas con las otras necesariamente”.

El consejero ha manifestado también ante el juez que ni a él ni a la Universidad les une “ninguna relación” con los arquitectos adjudicatarios de los contratos “ni antes ni después” de la actuación supuestamente irregular porque “ni trabajaron antes ni trabajaron después”, por lo que se trata de una “circunstancia coyuntural que se sacó de contexto en 2015” por circunstancias sobre las que, dice, no quiere especular.

Preguntado sobre si ve connotaciones políticas en la denuncia, ha dicho que la acusación se produjo en 2015, siete años después de que tuvieran lugar los supuestos hechos, de los que el denunciante (el decanato del Colegio de Arquitectos de Sevilla) “tiene conocimiento desde los años 2008-2009”, ha precisado.

Pero como él no era en 2015, cuando se presentó la denuncia, un cargo político sino rector de la Universidad de Sevilla, no cree que la misma obedezca a motivos políticos, sino en todo caso “académicos”, aunque ha preferido no “especular” con eso porque entiende que, “si hay alguna duda, hay que dar explicaciones con la mayor normalidad posible”.

Lo que sí considera es que la denuncia está basada en una “interpretación parcial y oportunista de las circunstancias que se dieron en ese momento”, aunque “cuando alguien quiere presentar una denuncia penal porque puede perder el Contencioso utiliza todas las artes que corresponda para intentar ganar su caso”, ha opinado.

“Todas las circunstancias que rodean esta actuación son perfectamente explicables, si hay algún tipo de error es un error que tiene encauce a través del procedimiento administrativo, que para eso existe”, ha incidido el consejero.

Preguntado sobre la reapertura de un expediente contra el Colegio de Arquitectos de Sevilla por parte de la Agencia de Defensa de la Competencia, ha aclarado que este organismo actúa con “absoluta independencia” de la Junta, y que la reapertura del mismo nada tiene que ver con el asunto en cuestión y data de marzo de 2015, cuando él no era consejero, por lo que se ha desvinculado de esa actuación.