La consellera Meritxell Borràs apuesta por “un marco de legalidad catalana”

La consellera de Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalitat en funciones, Meritxell Borràs, se ha mostrado hoy a favor de establecer “un marco de legalidad catalana” en las negociaciones de Junts pel Sí con la CUP, aunque ha eludido hablar de “ruptura” con España.

En una entrevista con Catalunya Ràdio, Meritxell Borràs ha indicado que las negociaciones entre Junts pel Sí (CDC, ERC, ANC y Òmnium Cultural) con la CUP será uno de los asuntos que se aborden en el consejo nacional de Convergència que se celebrará hoy en Bellaterra (Barcelona).

Ante las exigencias de la CUP, que apuestan por la ruptura con el Estado para establecer una “república catalana”, la consellera de Gobernación ha señalado que su objetivo es “tener una legalidad catalana” y ha agregado que “la mayoría de ciudadanos quiere un marco de legalidad que de respuesta a sus necesidades, tiene que ser el nuestro, el catalán, ningún otro”.

El consejo nacional de CDC analizará, entre otros asuntos, las consecuencias políticas del 27S y las negociaciones con la CUP, que “se llevan de una forma discreta, como debe ser para tener buen puerto final”. E

Por otra parte, la titular de Gobernación en funciones ha querido subrayar que de las 47 leyes aprobadas por el Parlament en la pasada legislatura, 19 fueron llevadas ante el Tribunal Constitucional (TC) que las ha parado o está en vías de hacerlo, y lo mismo ha ocurrido con 23 normas que no tienen rango de ley.

En este sentido, ha subrayado que un decreto como el de pobreza energética, con el que se quería dar respuesta a las personas que sufren más, también ha sido llevado al TC y se ha parado “de forma incomprensible” por un tribunal que considera “politizado”.

Borràs ha hecho especial hincapié en la previsión del gobierno catalán de denunciar ante todas las instancias judiciales españolas y europeas los problemas que han constatado en el voto por correo en las pasadas elecciones autonómicas del 27S.

Ha criticado, especialmente, que la Junta Electoral Central (JEC) prolongara el plazo de voto para los miembros del Ejército y no hiciera lo mismo con otros ciudadanos, y lo ha calificado de “escándalo”.

“Se ha vulnerado el derecho fundamental de poder votar, por lo que iremos hasta el final con todas las consecuencias, en los tribunales españoles y en los europeos”, ha asegurado.