Maza y los fiscales conservadores salvan a Moix pese a la contestación interna
El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, se ha enfrentado este jueves a una votación sobre su cese en el Consejo Fiscal. Tras sólo dos meses en el cargo, ha comprobado cómo tiene en contra a una parte de la Fiscalía, que le reprocha el daño ocasionado a la credibilidad de Anticorrupción. Aunque ha superado la votación con los apoyos del fiscal general del Estado y de la asociación conservadora, la reunión ha evidenciado la fractura en el Consejo y ha acabado con sabor agridulce para Moix, que no ha podido sacar adelante el cambio de los investigadores del caso del 3%.
Al encuentro se llegaba tras dos meses en los que se ha puesto en duda su independencia y autonomía. En ese periodo, Moix ha visto cómo el hombre al que dos de sus subordinados señalan como el cabecilla de la “organización criminal” desmantelada en en el caso Lezo, Ignacio González, maniobraba con el exministro de Aznar Eduardo Zaplana en su favor para que el Gobierno lo aupase al puesto de fiscal jefe de Anticorrupción y aliviar así sus problemas judiciales.
En menos de sesenta días Moix ha sufrido una rebelión de la Junta de Fiscales de Anticorrupción contra su decisión de inmiscuirse precisamente en la Operación Lezo contra González y su familia para evitar que se produjese un registro crucial. La decisión de los dos fiscales del caso de invocar el artítulo 27 del estatuto de la carrera para que el resto de integrantes de Anticorrupción tuviesen que pronunciarse y que estos lo hicieran contra el criterio de Moix es inédita, según las fuentes consultadas.
Durante ese mismo período y a pesar de la contestación interna, Moix encontró tiempo para apartar a los fiscales que llevaban tres años investigando la corrupción catalana del caso 3% y de abrir una investigación contra tres de ellos sin escucharlos basándose en la denuncia de un imputado por delitos relacionados con el crimen organizado. Todo eso y el intento apartar a Carlos Yáñez, el fiscal que impulsó la Operación que ha mandado a González y familia a prisión, habían fracturado a la Fiscalía Anticorrupción en un momento en el que todo el país está mirando a la Justicia.
Nadie hizo una defensa pública de Moix
Por todo lo anterior, el Consejo Fiscal programado entre el miércoles y el jueves en Madrid -el máximo órgano consultivo del Ministerio Público- no iba a ser uno más. La Unión Progresista de Fiscales (UPF), quien desde el primer momento mostró su rechazo al nombramiento de Moix por su cercanía al PP y algunas decisiones polémicas tomadas cuando era el jefe en Madrid, ya había advertido que pediría su dimisión en el máximo órgano de la carrera.
Así lo han hecho sus tres representantes en el Consejo Fiscal: Eduardo Esteban Rincón, Sofía Puente Santiago y Fernando Rodríguez Rey. Al término de la reunión han planteado “la conveniencia de remover”, una petición de la UPF compartida por la Asociación Profesional e Independiene de la Magistratura (APIF), sin representación en el Consejo.
Pero la votación la decantaron los seis miembros de la agrupación conservadora, la Asociación de Fiscales, que ya pactaron con Maza en febrero su apoyo a Moix para su nombramiento, y los tres miembros natos, entre los que está el propio fiscal general. Todos votaron en bloque para garantizar la continuidad del jefe de Anticorrupción y el resultado fue de 9 a 3. Durante el debate, una de las representantes de la UPF, Sofía Puente, pidió al propio Maza que renunciase al puesto de Fiscal General.
Según fuentes conocedoras de la reunión, Puente le expuso que la única manera de recuperar el prestigio perdido por la institución era que Maza cesase a Moix y a continuación dimitiese, como responsable del nombramiento de una persona sobre la que pesaban sospechas en torno a su independencia. Maza contestó, en tono cordial, que no compartía esa visión y que no estaba dispuesto a dimitir.
Las fuentes consultadas aseguran que el clima durante la reunión fue amable, dada la capacidad de encaje de Maza, que no se alteró al ver a una representante de la UPF pedir su cabeza ante la cúpula de la carrera. Durante el debate hubo un cierto consenso de que algunas actuaciones de Moix fueron equivocadas, y nadie se atrevió a hacer una defensa pública de su desempeño durante este tiempo.
Tras la reunión, la UPF ha emitido un comunicado en el que insisten en que Maza debería apartar a Moix “para recuperar la credibilidad perdida por la institución”. Ha demostrado “su falta de idoneidad”, señalan, su inexperiencia y su falta de conocimiento de la carrera fiscal, y su continuidad continuará socavando la confianza de los ciudadanos en una Fiscalía independiente y autónoma.
Horas después y en respuesta a este comunicado, el portavoz de la Asociación de Fiscales, Jesús Alonso, ha respaldado las decisiones de Moix y ha asegurado que la petición de la UPF se basa en “rumores”. Alonso, nombrado por Maza para la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ha asegurado que las actuaciones de Moix han permitido encarcelar a Ignacio González.
No tiene un cheque en blanco
Aunque no se plantea destituirle, el apoyo del fiscal general del Estado no es un cheque en blanco a Moix. Así lo evidencia, según las fuentes consultadas, la decisión de Maza de posponer la sustitución de los fiscales que investigan el llamado caso 3%. Moix relevó el pasado 21 de abril a José Grinda y Fernando Bermejo tras tres años investigando el cobró por parte de CDC de mordidas a empresarios. Les apartó para entregar la causa a Teresa Duerto y Fernando Maldonado, fiscales de Anticorrupción en Cataluña.
La explicación oficial de Maza es que la petición no estaba “suficientemente motivada” y por tanto el Fiscal General del Estado pide más tiempo para analizarla. El pronunciamiento del Consejo Fiscal era preceptivo y de momento el cese de esos fiscales se queda en el aire. Fuentes de la Fiscalía sostienen que no es una buena idea apartar del caso a los investigadores que han acumulado conocimiento de los hechos ilícitos durante tres años, porque no todo está en los documentos del sumario.
Uno días antes de ser apartados de la investigación, Moix firmó un decreto que envió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al apreciar indicios de delito de coacciones en Grinda, Bermejo y su compañero Juan José Rosa. Los tres habían sido denunciados por el empresario Rafael Pallardó, imputado en la Operación Emperador, y que les acusaba de haberle amenazado con retirarle sus ventajas procesales.
Los tres fiscales pidieron amparo al Consejo, pero el órgano no se lo ha concedido. Los integrantes de este organismo entiende que en este momento de tramitación de la denuncia no cabe conceder la protección a los tres investigadores. El Consejo Fiscal únicamente ha emitido un comunicado en el reconoce “la labor de los integrantes de la Fiscalía Anticorrupción, alienta su trabajo y reclama para ellos respeto”.
Aún sin amparo, la denuncia contra estos fiscales ha creado otra revuelta contra Moix de sus subordinados. El mismo día que la Junta de Fiscales tumbaba su intención de frenar un registro de la Operación Lezo, 21 fiscales firmaron un escrito de apoyo a Grinda, Rosa y Bermejo como respuesta a la decisión de Moix de tramitar la denuncia sin escuchar su versión de lo ocurrido. Ellos argumentan que Pallardó les pidió fondos reservados a cambio de implicar a Jordi Pujol.
El comunicado de la UPF tras el Consejo Fiscal demuestra que la votación superada hoy por Moix es sólo la primera de las batallas que tendrá que afrontar en los próximos meses. La rebelión de sus subordinados y su, por ahora, fallido intento de remover a los fiscales del 3% evidencian que la reunión de hoy no ha fortalecido su continuidad, aunque esta se haya garantizado con los votos de la asociación que le colocó en ese puesto. El jefe de Anticorrupción se ha enfrentado a una petición de cese por parte de compañeros de la carrera fiscal cuando solo lleva dos meses en el cargo. Un desgaste sin precedentes, según fuentes internas de la Fiscalía.
