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El número de consorcios se ha multiplicado por 17 y el Tribunal de Cuentas reclama una legislación clara y más control
La regulación actual, concluye, “favorece la opacidad de su gestión” y la “huida de los controles propios del derecho administrativo”, por lo que el Tribunal reclama una legislación más clara, que se unifique el registro o la base de datos en la que deban inscribirse y que se les obligue a rendir cuentas.
El órgano fiscalizador ha elaborado este informe con datos de 969 consorcios de todo el país. Según expone, su crecimiento con los años ha sido similar al que han registrado también las mancomunidades, cuyas funciones son parecidas pero están sujetas a un marco más regulado en distintos aspectos.
Los consorcios son organizaciones públicas pensadas para permitir la colaboración entre ayuntamientos y otras administraciones, pero no cuentan con una reglamentación específica. El Tribunal de Cuentas aclara que la norma esencial por la que se regulan son sus propios estatutos y que estos “adolecen en general de falta de concreción”.
Además, rinden cuentas en un bajo porcentaje. Hasta el pasado 20 de septiembre, habían presentado sus cuentas de 2011 un total de 260 consorcios; de estos, 148 gestionaron menos de un millón de euros.
POCA DEDICACIÓN LOCAL
Partiendo de datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Tribunal señala que en septiembre del año pasado había registrados 1.029 consorcios, aunque llegaron a ser 1.167 en 2012. Con la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en 2012, se produjo el mayor número de bajas, 125.
De los entes analizados, el Tribunal de Cuentas encuentra 969 de carácter local, aunque sólo 498 son de estricto ámbito local y de estos, 223 están constituidos por entidades locales para prestar servicios municipales obligatorios; el resto se dedica a actividades complementarias. Además, otros 320 consorcios tienen por objeto actividades no expresamente locales según la ley.
En general, el Tribunal señala que los consorcios no presentaban en 2011 endeudamiento. Todos ellos se financian con tasas y precios públicos y con la aportación de sus participantes.
