La controvertida reforma local verá la luz la próxima semana

El pleno del Senado aprobará mañana la controvertida ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, una norma que pretende lograr la sostenibilidad y modernización de los ayuntamientos, así como un mejor reparto de las competencias.

La ley deberá volver a pasar por el Congreso, toda vez que ha sido enmendada por los grupos parlamentarios del Senado, aunque todo indica que entrará en vigor, con su publicación en el BOE, antes de final de año

La Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso aprobó el pasado 30 de octubre el proyecto de ley de la reforma local, que ha continuado su trámite en el Senado, donde será aprobada este lunes.

El Gobierno siempre ha argumentado que la reforma local clarificará competencias, garantizará la financiación por parte de las comunidades de los servicios que presten los ayuntamientos y mejorará la transparencia municipal, sin embargo la reforma ha contado con la oposición frontal del PSOE, el grupo mixto, CiU, Izquierda Plural y UPyD, mientras que el PNV votó a favor del texto en el Congreso.

En su trámite por el Senado, la Comisión de Entidades Locales aprobó el dictamen sobre el proyecto de Ley, rechazó las siete propuestas de veto a la reforma, incorporó dos enmiendas transaccionales y modificó una tercera.

Los grupos habían presentado un total de 447 enmiendas: 151 del Grupo Mixto, 117 de la Entesa, 58 de CiU, 53 del PP, 47 del PSOE y 21 del PNV, y siete propuestas de veto, todas ellas rechazadas, de las cuales 3 eran del Grupo Mixto, 1 del PSOE, 2 de la Entesa y 1 de CiU.

El pasado 26 de noviembre, la Comisión General de las Comunidades Autónomas aprobó un informe del PP sobre la reforma local, en el que se asegura que la ley no invade las competencias autonómicas y defiende que el Estado es el que puede establecer la regulación en esta materia.

Ese mismo día, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, se comprometió a mejorar y modular el contenido de la reforma local no sólo durante su tramitación en la Cámara Alta, sino también cuando se empiece a aplicar a lo largo del año 2014.

Montoro ha apostado por “tratar de aunar todas las voluntades”, al considerar que las “divergencias” también enriquecen, sin embargo desde comunidades como Cataluña, Andalucía, Asturias o Canarias, se ha considerado que la norma invade sus competencias autonómicas, y han amenazado con acudir al Tribunal Constitucional si el Gobierno no rectifica.

Las mayores críticas vertidas por la oposición a la norma se basaban en que la reforma vulnera la autonomía local, privatiza la gestión de los servicios sociales o los recorta, prima las fusiones de municipios y da mas poder a las diputaciones.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) uno de los actores claves en el proceso de la reforma, -con la postura siempre conciliadora de su presidente Iñigo de la Serna- ha considerado que con el anuncio de este posible recurso, lo que no quieren estas comunidades es “asumir competencias que ya son suyas”.

Desde el PSOE se considera que se ha malogrado una oportunidad histórica para reformar la administración local, porque se trata de un modelo intervencionista, que no planifica ni simplifica las competencias, ni evita duplicidades y abre la puerta a la privatización de servicios básicos.

El PSOE ha llegado a asegurar que el ahorro previsto de 8.000 millones por su aplicación saldrá del desmantelamiento de los servicios sociales y del recorte de personal.

Desde que comenzara el proceso de la reforma local, la misma ha sufrido algunas modificaciones que han sido acogidas favorablemente por sus detractores, entre ellas una de las más aplaudidas ha sido la del cambio del coste estándar por el coste efectivo de los servicios.

Asimismo, la Comisión de Alcaldes, plataforma integrada por ediles de partidos contrarios a la reforma local, ha convocado varias concentraciones ante los ayuntamientos contra una norma que consideran “privatizadora y recentralizadora”.

Marta Lázaro