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La decisión de quitarle el fuero al presidente de Guatemala, en manos del Congreso

La decisión de quitarle el fuero al presidente de Guatemala, en manos del Congreso

EFE

Guatemala —

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La decisión de quitarle la inmunidad al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, denunciado por financiación electoral ilícita está en manos de los 158 diputados al Congreso, tras la recomendación en ese sentido que hizo este domingo una comisión legislativa.

Pese a que el presidente de la comisión, el opositor Julio Ixcamey, había anunciado que el informe lo presentarían el lunes, el domingo por la noche acudieron al Congreso para firmar el documento y lo entregaron a la Dirección Legislativa.

A las instalaciones del Organismo Legislativo no se permitió al acceso a la prensa, y fue inicialmente el diario El Periódico el que divulgó la recomendación de la instancia.

Sin embargo, Ixcamey comentó posteriormente a los periodistas que en una decisión consensuada, los cinco diputados integrantes de la comisión pesquisidora, todos de oposición, recomendaron al pleno a las 22.27 horas del domingo (05.27 GMT del lunes) retirar el fuero al mandatario.

“La recomendación es consensuada y es que se quite el fuero. Será el pleno el que decida con 105 votos retirarlo o no”, dijo Ixcamey a las afueras del Palacio Legislativo.

El legislador explicó que la instancia se reunió en una oficina privada para discutir y elaborar el informe.

No obstante, no se ha divulgado el contenido y tampoco explicado si la recomendación es para que se le forme una causa penal.

Algunos medios locales han informado de que en su resolución los cinco integrantes de la instancia, todos de oposición, explican que no ven pruebas suficientes de la participación de Morales en el manejo de las financias del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) que le llevó al poder el 14 de enero de 2016 para un periodo de cuatro años.

Según las primeras investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Ciig, quienes pidieron el antejuicio el pasado 25 de agosto, el partido habría ocultado información de al menos 6,7 millones de quetzales (unos 919.000 dólares) cuando Morales era su secretario general en el 2015.

Ixcamey argumentó que “pensamos que no nos daría tiempo, pero al ver los folios caímos en cuenta que la mayoría eran los mismos del expediente (de 968 folios) que habíamos conocido los últimos días” y al final decidieron entregar el informe.

Otra condicionante que motivó a la comisión, dijo, es que el pleno del Congreso había otorgado solo 5 días de calendario, según una moción privilegiada presentada por el líder de la bancada oficial, Javier Hernández Franco y secundada por los votos legislativos.

El legislador aseguró que la investigación y la elaboración del informe se hizo de forma “transparente”.

La comisión ha convocado para las 11.00 hora local del lunes (17.00 GMT) a una rueda de prensa para dar los detalles del contenido del informe

También el Congreso tiene programado para mañana convocar una sesión para conocer la recomendación y entrar a votar para ver si se consiguen los 105 votos necesarios.

El abogado Juan Carlos Borrayo, quien representó de Jimmy Morales en la citación a la instancia legislativa, aseguró el sábado que el antejuicio contra el mandatario tiene “motivos políticos”.

El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, opinó la noche de domingo que es necesario que el Congreso le quite la inmunidad al presidente de Guatemala.

“En aras de la verdad y la justicia son indispensables los 105 votos para que se investigue a profundidad”, publicó el Defensor del Pueblo.

La petición de quitarle el fuero al presidente se efectuó el 25 de agosto pasado en medio de rumores de que Morales iba a pedir la destitución del comisionado de la Cicig, el abogado colombiano Iván Velásquez, durante la visita que realiza ese día a la sede de la ONU.

Sin embargo, el mandatario no hizo tal petición, pero dos días después, ya en Guatemala, declaró non grato y ordenó la expulsión de Velásquez, por considerar que se había salido de su mandato y realizado “injerencia en asuntos internos”.

La decisión presidencial fue frenada por la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica de Guatemala por considerarla “ilegal”.

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