La defensora del Pueblo de la UE investiga a la CE por falta de acción en el caso Barroso

La defensora del Pueblo de la Unión Europea (UE), Emily O'Reilly, ha abierto una investigación a la Comisión Europea (CE) por su “acción insuficiente” en el caso de la contratación del expresidente de la institución José Manuel Durao Barroso por el banco Goldman Sachs, informó hoy su oficina.

O'Reilly decidió abrir una investigación a la CE alegando “acción insuficiente” por lo que respecta al cumplimiento de Barroso con las obligaciones de los tratados de la Unión, que la Comisión debe garantizar, tras recibir quejas de empleados de las instituciones europeas.

La defensora del Pueblo remitió una carta al actual presidente del Ejecutivo comunitario, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, para informarle de su decisión.

O'Reilly lamentó que la Comisión aún no haya emitido una “decisión razonada” tras la opinión dada por su comité ético en octubre pasado sobre el caso, en la que no vio “motivos suficientes” para pedir una sanción contra Barroso, algo que correspondería requerir a la CE o el Consejo (países de la Unión).

Así, pidió a la Comisión aclarar si volvió a discutir el asunto tras esa opinión, y si efectivamente no ha adoptado una decisión al respecto, le preguntó si es que “no lo consideró necesario o apropiado”.

La defensora instó a la Comisión a colaborar para proporcionarle cualquier documento relevante sobre el trabajo del comité ético y para explicar su método de trabajo.

Por su parte, el portavoz jefe de la CE, Margaritis Schinas, aseguró en la rueda de prensa diaria de la institución que Juncker y sus comisarios “reaccionaron de manera muy pública” e “institucional” al caso Barroso, y propusieron una “importante revisión del código de conducta para el presidente y los miembros del Colegio”.

A raíz del caso Barroso, la CE propuso en noviembre reformar ese código a fin de aumentar el periodo de tiempo durante el cual antiguos titulares de la institución no pueden ejercer una actividad profesional tras su mandato europeo.

Según la propuesta, los excomisarios deberán notificar a la CE su intención de “ejercer profesionalmente” para otra entidad durante los dos primeros años tras dejar el cargo, mientras que el plazo para el presidente de la Comisión será de tres años, en lugar de los 18 meses actuales para ambos.