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El delegado del Gobierno recurre la subvención otorgada a Etxerat por el Gobierno vasco

El Delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, ha dado orden a la abogacía del Estado para que recurra la subvención otorgada por el Gobierno vasco a Etxerat, dado que no es competente en garantizar el derecho a la educación en las cárceles.

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A través de un comunicado, Carlos Urquijo ha reprochado al Gobierno vasco el "doble discurso que acostumbra a esgrimir en esta cuestión". "Es una lástima que el Ejecutivo vasco haya tardado sólo tres días en abandonar su discurso autocrítico con el terrorismo. La autocrítica hacia la violencia se demuestra con hechos y no sólo con bellas palabras como las que Urkullu pronunció en el reciente homenaje a Fernando Buesa y su escolta", ha manifestado.

En este sentido, ha criticado que "con una mano, el Ejecutivo vasco escribe un discurso amable para las víctimas y con la otra subvenciona a quienes consideran presos políticos a los terroristas que asesinaron a los familiares de las primeras".

En opinión del Delegado del Gobierno, esta "contradicción en la que incurre, se ve incluso incrementada por otro gesto que demuestra su equidistancia real con el mundo que rodea a ETA y con las víctimas del terrorismo, financiando ambas con una cantidad similar, 13.400 euros".

Para Carlos Urquijo, "de poco sirve salir compungidos ante las cámaras de televisión, si después sus decisiones, como vemos, nada tienen que ver con lo que manifiestan públicamente. Ese discurso de escaparate, al que parece nos tiene acostumbrado el Gobierno vasco, también hace daño a las víctimas del terrorismo".

Entre los motivos del recurso planteado por el Delegado del Gobierno en el País Vasco se encuentra el supuesto destino de la subvención otorgada a garantizar el derecho a la educación en las cárceles, algo que ya está contemplado por el Estado a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Además, alega que la educación no forma parte de los fines explicitados por Etxerat en sus estatutos y que el plan debiera desarrollarse en Euskadi, cuando la práctica totalidad de los presos de ETA se encuentran fuera del País Vasco. Por tanto, considera que se estarían incumpliendo los requisitos de la convocatoria.

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