Ana Torroja, condenada por defraudar a Hacienda, se rebela contra el IVA musical
Como el personaje de Al Pacino en Atrapado por su pasado, los errores de antaño se apoderaron de la vida Ana Torroja el 9 de abril de 2014, fecha de la sentencia que condenó a la cantante al pago de 1,5 millones de euros por la vida de delincuente fiscal que llevó entre 2003 y 2007. Era eso o la cárcel. Carlito’s Way, denominación original de la citada película, fue el nombre escogido para bautizar a una de las sociedades que la cantante utilizó para defraudar 796.411,38 euros al erario público. Siete años antes del fallo judicial, la Policía había encontrado el nombre de la empresa entre el océano de documentación incautada en un prestigioso despacho de abogados de Palma.
Pero si en algún momento Ana Torroja debió preocuparse por su pasado, ese nubarrón ha desaparecido. La excantante de Mecano no ha tenido problema en fotografiarse con un esparadrapo en la boca para denunciar que el Gobierno recauda un 21% de IVA de los discos y las entradas de sus conciertos. Es parte de la iniciativa ‘Un día sin música’, que ha reunido en change.org a algunos de los nombres más exitosos del pop y el rock nacional y que exige al Ejecutivo acometer “una inmediata y significativa reducción” del actual 21% de IVA sobre los productos culturales. Otros músicos más modestos en cuanto a ganancias no apoyan la iniciativa.
Los errores del pasado de Ana Torroja podrían haber sido solo eso, errores, acaso cometidos por la nefasta influencia de abogados sin escrúpulos. El desarrollo de la instrucción evidencia, sin embargo, todo lo contrario. Cada vez que el juez llamaba a declarar a Torroja, ésta se acogía su derecho a no hacerlo, evitando así colaborar con la justicia. Sus caros letrados articularon las maniobras típicas de estos casos, intentando dilatar el proceso todo lo posible, según fuentes del caso. Pero enfrente tenían a Juan Carrau, uno de los miembros de la Fiscalía que se ha distinguido por fustigar la corrupción en las islas.
El 27 de abril de 2007, la Policía había irrumpido en el despacho de los hermanos Feliú, en Palma de Mallorca. Estallaba la ‘operación Relámpago’, el origen de un sinfín de causas separadas en distintos juzgados de Palma que investigan las actividades de fraude fiscal y blanqueo de capitales del despacho de abogados al servicio de adinerados miembros de la alta sociedad de la isla y de fuera de ella.
Atrapada por las evidencias, Ana Torroja fue condenada a dos penas de 9 meses de cárcel que fueron sustituidas por el pago de las cantidades defraudadas, más una multa del 70%. Ese ha sido la prioridad de la Fiscalía Anticorrupción en la 'Operación Relámpago': recuperar el dinero que Torroja y otros defraudaron a la caja del Estado. Y ya llevan más de 20 millones de euros. El acuerdo de conformidad con Torroja recogía los atenuantes de reconocimiento del delito y colaboración con la Justicia, aunque esta solo se produjo cuando la artista vio claro el camino hasta la cárcel.
La sentencia considera probado que Torroja intentó engañar a la Administración fingiendo su residencia en el extranjero y cobrando a través de sociedades pantalla. Cuatro de las sociedades del entramado criminal estaban en el extranjero, repartidas entre Holanda y los paraísos fiscales de Antillas Holandesas y Panamá. Otras cuatro figuraban abiertas en España, entre ellas Carlito's Way, en la que Torroja aparece como administradora única. Supuestamente, esta sociedad se dedicaba a dar servicio a restaurantes.
Ana Torroja intentó hacer creer a la Administración que residía en Reino Unido y que allí tributaba por las ganancias por sus discos y conciertos. No era así. Ni pagaba en España ni fuera. Según fuentes de Anticorrupción, Torroja sabía muy bien lo que hacía, hasta el punto de que llevó a cabo la misma práctica delictiva con tres despachos de abogados distintos. De hecho, en los ejercicios fiscales que le valieron la condena -2003, 2006 y 2007-, Torroja no fue asesorada por los Feliú.
El manifiesto que suscribe Ana Torroja dice en uno de sus apartados: “Valoramos la capacidad de nuestro país para producir nuevos contenidos musicales convertibles en riqueza y empleos sostenibles”.
