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Un detenido en la Diputación de Sevilla y registros en varios ayuntamientos

Un detenido en la Diputación de Sevilla y registros en varios ayuntamientos

EFE

Madrid —

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Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido esta mañana al responsables de carreteras de la Diputación de Sevilla, Carlos P.C. y registran esta institución en la tercera fase de la Operación Madeja contra una trama de pagos ilegales en el Ayuntamiento de la capital andaluza.

Fuentes de la investigación han informado a EFE de que la operación se está desarrollando en varias provincias de Andalucía y otras comunidades fruto del análisis de la documentación incautada en anteriores fases de esta operación, que instruye la juez Mercedes Alaya.

Las fuentes no descartan más detenciones a la largo del día.

La Operación Madeja, que investiga presuntos pagos ilegales en el Ayuntamiento de Sevilla, es una derivada del caso Mercasevilla.

Las indagaciones que lleva a cabo al respecto la Guardia Civil están bajo secreto de sumario, decretado por la juez Mercedes Alaya en julio de 2013 y prorrogado en quince ocasiones, la última el pasado 10 de octubre.

Tres personas llegaron a estar en prisión por este asunto: Francisco Amores, exjefe del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla; al empresario José Antonio González Baró, administrador de la empresa Fitonovo; y a Francisco Luis Huertas, jefe de mantenimiento del Parque María Luisa.

Este último quedó en libertad en enero de este año, tras rebajar la jueza a 60.000 euros la fianza de 150.000 euros que había fijado inicialmente.

En cuanto a Amores y González Baró, ambos se encuentran también el libertad bajo fianza, de 150.000 y 250.000 euros, respectivamente.

En mayo pasado, la juez levantó parcialmente el secreto respecto al exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño y su esposa, la abogada Ana María Vaquero, que habrían incrementado su patrimonio en 811.396 euros en siete años, de los que 400.181 euros lo fueron sin justificar y con posible origen en comisiones ilegales.

También fue imputado en este caso, Joaquín Peña, director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, a quien en diciembre destituyó el alcalde Juan Ignacio Zoido (PP) al conocerse su imputación en esta nueva rama del caso Mercasevilla.

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