Los directivos de Vitaldent dicen al juez que “no sabían nada” de la caja “B”

Los directivos de Vitaldent han dicho a la juez que investiga el fraude en la cadena de clínicas dentales que “no sabían nada” de la existencia de una “caja” o contabilidad “B” de la empresa ni de las recogidas de dinero en efectivo en los franquiciados.

Se trata de cuatro responsables de la empresa que declararon ayer en el Juzgado de Instrucción 2 de Majadahonda en calidad de investigados, entre ellos, Andrés Jesús de la Cuerda, persona de confianza del propietario Ernesto Colman; Miguel García, exsuegro de Colman; Julio César Fraile, encargado de las obras de instalación y montaje de las clínicas; y José Eugenio Lillo, director del franquiciado de Murcia.

Fuentes jurídicas han informado a Efe que todos ellos mantuvieron la misma línea que los ocho directivos que comparecieron hace unas semanas en el Juzgado, quienes negaron conocer la existencia de una contabilidad “B” de Vitaldent con dinero en efectivo.

Sin salirse del guión, los investigados dijeron que no sabían nada de las recogidas de dinero en efectivo de las clínicas, que efectuaban personas del círculo de confianza de Colman, que permanece en prisión provisional desde el pasado 17 de febrero.

Tampoco sabían de la existencia de pagos en “B”, pese a que las intervención telefónicas practicadas a algunos de ellos apuntan todo lo contrario, han precisado las fuentes.

En esta segunda ronda de comparecencias también declaró Jordi González Burgara, exdirector financiero del grupo, quien explicó que fue contratado por la cúpula de Vitaldent para negociar el préstamo de 100 millones de euros con el fondo ICG con el fin de resolver los problemas de tesorería de la empresa, que estaba necesitada urgentemente de financiación.

Pero quiso dejar claro que nada más concluir la operación financiera en 2013, él abandonó la empresa.

La cúpula de Vitaldent recibía cada año 17,2 millones de euros en B solamente de las 146 clínicas propias que tenía la cadena, como así recoge el auto de prisión de la jueza, que considera probado que un grupo de personas, entre ellas el propietario, había diseñado “un complejo sistema defraudatorio hacia los franquiciadores, clientes y pacientes y la propia Hacienda”.

Cada clínica tenía que pagar en efectivo a la matriz el 10 por ciento de la franquicia acordada. Pero además, se había articulado un sistema de recogida de dinero en efectivo para las clínicas propias y otras de confianza que ascendía a 10.000 euros mensuales.

Colman, que tenía dos cuentas en Suiza, según había detectado la Agencia Tributaria, planeaba dejar el negocio en manos de otros ante la sospecha de que sus prácticas ilícitas podían estar siendo investigadas tras las denuncias presentadas en algunas de las clínicas.