Los díscolos del PSOE, pendientes de ser sancionados la semana que viene

Los quince diputados socialistas que votaron en contra de la investidura de Mariano Rajoy el pasado 29 de octubre serán sancionados la semana que viene con una multa de 600 euros previsiblemente y están pendientes de comprobar si su desobediencia les acarrea también ser apartados de sus funciones.

El caso paradigmático es el de la jueza y exmagistrada del Tribunal Supremo Margarita Robles, la independiente que concurrió a las elecciones como número dos del dimitido Pedro Sánchez, a la que algunos compañeros de grupo gustaría ver relevada de la presidencia de la Comisión de Justicia.

Por su parte, la que fuera cabeza de lista por Barcelona Meritxell Batet y la balear Sofía Hernanz podrían ser expulsadas de la dirección del grupo parlamentario, del que Batet es portavoz adjunta y Hernanz, portavoz sustituta, además de que ser ambas dos de los cinco secretarios generales adjuntos que tiene el grupo.

Otro diputado del PSC, el filósofo y catedrático Manuel Cruz, podría ser sustituido como portavoz de Educación y Deporte, justo en la semana en la que se debatirá en el pleno su proposición no de ley sobre la suspensión de la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa).

Los representantes catalanes, no obstante, podrían quedar fuera de los posibles cambios, si se mantienen las relaciones con el PSC y éste partido continúa siendo autónomo para designarles.

El portavoz y presidente del grupo, Antonio Hernando, admitió el pasado martes que la reestructuración depende de la gestora: “Lo veremos en los próximos días y lo veremos con la dirección del partido”, emplazó al ser preguntado si los díscolos serían apartados de sus cargos en las comisiones.

Otra de las posibles afectadas es la también catalana Mercé Perea, por ser la portavoz de la comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, mientras que a la aragonesa Susana Sumelzo el castigo le afectaría en su condición de portavoz de Cooperación al Desarrollo.

Los sanchistas sostienen que una “purga” de diputados díscolos ahondaría más en la división interna que vive el partido y esperan que el castigo se limite a la multa de 600 euros.

“Más allá de la sanción económica nada tendría sentido ni sería bueno para nadie”, ha dicho a Efe la gallega Rocío de Frutos, portavoz adjunta de Empleo, que también rompió la disciplina de grupo votando no a Rajoy, mientras que la propia Margarita Robles ha abogado en los últimos días por “pasar página pronto” para poder “trabajar unidos”.

Según fuentes socialistas, la sanción económica les será comunicada a los afectados en cuanto que el responsable de disciplina, Luis Carlos Sahuquillo, entregue su informe a la dirección sobre las alegaciones presentadas por estos, lo que se prevé para el lunes o martes.

Ese día el grupo socialista celebrará su habitual reunión plenaria, en la que Hernando podría anunciar los cambios.