El juez dejará sin efecto las imputaciones de Arrufat, que dimitió por el caso Jamón

El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel procederá “a la mayor brevedad posible” a dejar sin efecto las imputaciones por el caso del Jamón de Teruel al exdelegado territorial del Gobierno de Aragón en Teruel Antonio Arrufat, entre otros, que dimitió del cargo tras ser encausado por este asunto.

Tras la petición de la Fiscalía de dejar sin efecto estas imputaciones, el juez ha avanzado que procederá a ello una vez que examine el informe del ministerio público que pide el sobreseimiento parcial de la causa, según la providencia del magistrado, con fecha de hoy, y a la que ha tenido acceso EFE.

Arrufat dimitió del cargo de delegado territorial el pasado 10 de noviembre después de que el juez mantuviera su imputación por prevaricación y malversación de caudales públicos por la concesión de varias subvenciones al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jamón de Teruel cuando era presidente de la Diputación Provincial de Teruel.

El juez ha hecho este anuncio dentro de una providencia dictada hoy a raíz de que la Fiscalía solicitara dejar sin efecto las declaraciones de dos de los imputados, Inocencio Martínez (PAR) y Julia Vicente (PSOE), que tenían previsto testificar mañana y pasado por esta causa ante el juez.

El fiscal también pidió el sobreseimiento parcial respecto a los imputados Pablo Castaño Marqués, Antonio Arrufat, Francisco Galve e Inocencio Martínez, entre otros.

Con respecto a los dos primeros imputados, el juez dice que deja sin efecto estas dos imputaciones, ya que no existe ninguna otra acusación ya sea particular o popular.

El fiscal apunta, no obstante, que continúe la causa en relación con los iniciales imputados por administración desleal o delito societario del Consejo Regulador del Jamón de Teruel y la sociedad vinculada a este órgano.

La investigación arrancó el 3 de marzo de 2014 a raíz de la denuncia del entonces presidente del Consejo Regulador, Eugenio García Berenguer, por hechos cometidos con anterioridad a su toma de posesión en el seno de dicho organismo en 2013 y que merecieron la calificación a priori de presuntos delitos “contra la propiedad industrial y falsedad documental”.

El delito contra la propiedad industrial vendría dado por el tráfico económico de productos utilizando falsariamente la denominación de origen Jamón de Teruel y en el caso de falsedad documental por el empleo de soportes documentales de tatuaje troquelado y registro de piezas objeto propio de la denominación protegida, según el escrito de la Fiscalía.

El ministerio público ha analizado tres expedientes relativos a subvenciones aportadas por la Diputación de Teruel al Consejo Regulador, que se otorgaron sin existir las denominadas “Ordenanzas de subvenciones” y un “Plan estratégico”.

El fiscal ha analizado estos expedientes y ha afirmado que “no puede preconizarse que concurran los elementos indispensables para hablar del delito de prevaricación” y que exista una “dolosa decisión arbitraria sobre los fondos transferidos con el mecanismo de la subvención”.

Tampoco cree que estas subvenciones tuvieran “fines ajenos al interés general” y considera que “tampoco puede hablarse de malversación”.