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El juez empieza a interrogar al secretario de Hacienda del Govern por el 1-O

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El juez empieza a interrogar al secretario de Hacienda del Govern por el 1-O

El juez empieza a interrogar al secretario de Hacienda del Govern por el 1-O

El titular del juzgado de instrucción número 13 ha empezado a interrogar al secretario de Hacienda del Govern, Lluís Salvadó, uno de los dos altos cargos del ejecutivo catalán detenidos por participar en la organización del referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.

La Guardia Civil ha puesto esta mañana a disposición judicial, a primera hora de la mañana, a los 6 de los 14 detenidos por la organización del referéndum del 1-O que aún permanecían en sus dependencias de la Travessera de Gràcia de Barcelona.

Además de Salvadó, esta mañana han comparecido ante el juez Rosa Maria Rodríguez Curto, directora de Servicios de T-Systems, y Pep Masoliver, directora del área de información y sistemas de la fundación Punt.cat.

Ambas comparecencias apenas han durado unos minutos, por lo que todo apunta a que se han negado a prestar declaración, como ya hicieron ante la Guardia Civil.

Está previsto que hoy pase también a disposición del juez instructor el número dos del Departamento de Economía, Josep Maria Jové, a quien el Govern ha destituido hoy para librarle de pagar la multa de 12.000 euros diarios que le impuso ayer el Tribunal Constitucional.

Los otros dos detenidos que comparecerán ante el magistrado para declarar son Josuè Sallent, responsable de Estrategia e Innovación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), y Juan Manuel Gómez, trabajador del Consorcio de Administració Oberta de Catalunya.

En relación con los preparativos del referéndum, el juez mantiene como investigados a una veintena de personas por los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia.

En su causa, el magistrado investiga si el Govern ha gastado en los preparativos del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional los 6,2 millones de las dos partidas presupuestarias que el Parlament aprobó para la consulta y que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC).

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