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Los grupos se dan una semana para decidir por dónde empieza a trabajar la Comisión Anticorrupción del Congreso

Si siguen sin llegar a un acuerdo, tendrán que acabar votando para resolver su agenda y salir del bloqueo

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Los grupos se dan una semana para decidir por dónde empieza a trabajar la Comisión Anticorrupción del Congreso

Los grupos parlamentarios se han dado de plazo una semana para decidir por dónde empieza a trabajar la Comisión Anticorrupción del Congreso, porque consideran que el desacuerdo sobre los contenidos no puede demorar más el arranque de su actividad. Por eso, intentarán pactar los temas a tratar antes del próximo miércoles y, si no lo consiguen, será la comisión la que lo decida votando sobre las distintas propuestas.

Ese es el acuerdo al que han llegado este miércoles los miembros de la Mesa y los portavoces de este órgano, que oficialmente se llama Comisión de calidad Democrática, contra la corrupción y para las reformas institucionales y legales y que preside el diputado de Ciudadanos, Toni Cantó.

Según han detallado a Europa Press fuentes parlamentarias, hay voluntad de superar las discrepancias sobre qué asuntos deben abordarse en primer lugar y de hecho, hay acuerdo en dos de ellos: protección de los denunciantes de corrupción y creación de un observatorio preventivo de esta lacra.

Por contra, mientras PP y Ciudadanos quieren incorporar también el debate sobre la financiación de los partidos políticos, el PSOE, Unidos Podemos y los grupos minoritarios apuestan por centrarse en revisar el sistema de nombramientos de los órganos reguladores y constitucionales.

¿Y LA INVESTIGACIÓN SOBRE FINANCIACIÓN DEL PP?

Los socialistas no se niegan a revisar el funcionamiento de la legislación sobre financiación de partidos, pero como tienen registrada una petición de comisión de investigación sobre las cuentas del PP tras los casos Bárcenas y Gürtel, no quieren que un órgano eclipse al otro.

En su pacto para la investidura de Mariano Rajoy, los 'populares' se comprometieron con Ciudadanos a no obstaculizar esa investigación sobre sus propias finanzas, que debería ponerse en marcha en los tres primeros meses desde la investidura, y desde el partido naranja han garantizado al PSOE que la comisión específica sobre el PP se creará.

Así las cosas mientras la semana pasada el acuerdo parecía muy lejano, ahora los grupos son más optimistas y confían en poder llegar el día 21 a la comisión con una propuesta pactada. Pero de no ser así, habría que votar, y en ese escenario el PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y la antigua Convergència podrían sumar mayoría para imponer su criterio.

COMPARECENCIAS EN ABIERTO

Hasta ahora estos partidos han defendido la oportunidad de revisar el método de nombramientos en los órganos cuyos miembros con elegidos por el Parlamento (Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Consejo General del Poder Judicial, la Junta Electoral Central y RTVE) o al menos tienen que pasar un examen parlamentario (fiscal general del Estado, CNMV, Comisión de la Competencia, Agencia de Protección de Datos y Consejo de la Transparencia, entre otros).

Por otra parte, la comisión ha tenido que replantearse el método de trabajo que había acordado a propuesta de su presidente. La intención inicial de Cantó era que este órgano, que no tiene carácter legislativo, funcionase mediante subcomisiones (grupos de trabajo a puerta cerrada donde comparecen expertos para ilustrar a los diputados sobre distintos temas y que después elevan sus conclusiones al Pleno).

Sin embargo ante la proliferación de peticiones para crear subcomisiones en otras áreas, el Congreso se ha visto obligado a poner orden y, entre las ocho que los grupos han decidido activar en primer lugar, no hay ninguna de las que habría de crearse en la Comisión de Calidad Democrática.

Aunque no pierden la esperanza de que ese acuerdo se revise y les hagan hueco, la comisión está dispuesta va a revisar sus planes iniciales y empezar a recibir comparecientes en sesiones abiertas al público a principios de 2017, aunque después las reuniones para buscar acuerdos sobre los textos de sus recomendaciones se hagan a puerta cerrada.

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