La enseñanza en castellano en Cataluña, de nuevo ante los tribunales

Durante la tramitación, aprobación e implantación de la Lomce la enseñanza en castellano ha sido el principal punto de discordia entre Generalitat y Gobierno, un tema que ha llegado a la justicia: al Tribunal Constitucional y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La Abogacía del Estado, a instancias del Ministerio de Educación, ha sido la encargada de presentar ahora un recurso contencioso administrativo ante el TSJC contra la resolución de la Generalitat que regula las normas de preinscripción y matrícula de alumnos en centros catalanes para el curso 2015-2016.

Se solicita, como medida cautelar, la apertura de un nuevo plazo en el que las familias puedan elegir el castellano como lengua vehicular en la enseñanza de sus hijos.

Educación sostiene que el formulario de inscripción no contempla una casilla donde los padres puedan seleccionar el castellano.

Y, eso, cuando los dos tribunales citados han declarado “reiteradamente” el derecho a que el castellano se utilice como lengua vehicular en el sistema educativo de Cataluña, en una proporción razonable, ha recordado hoy en una nota el departamento que dirige el ministro José Ignacio Wert.

“La intención del recurso no es la de desplazar al catalán, ni acabar con el sistema de inmersión lingüística en Cataluña, sino que el castellano esté integrado en la oferta educativa de los centros en una proporción razonable”, según Educación.

Esa proporción se fija, de forma provisional, en un mínimo del 25 por ciento de las horas lectivas, es decir, una asignatura troncal (principal) además de la de Lengua castellana y Literatura.

Además, la Generalitat, según el Ejecutivo, no cumple el desarrollo normativo de la disposición adicional 38 de la Lomce, que fija que las familias pueden pedir el pago de la escolarización de su hijo en un centro privado cuando no tenga en su región uno público o concertado que le ofrezca educación en castellano como lengua vehicular.

El Ministerio de Educación ha recibido hasta el momento 368 solicitudes de familias que viven en Cataluña y que piden esa compensación económica por tener que escolarizar a sus hijos en un centro privado para que estudien en castellano.

Por su parte, Cataluña presentó el pasado año recursos desde la Generalitat y el Parlament al considerar que la Lomce invade competencias educativas y afecta al modelo de inmersión lingüística.

La séptima ley educativa (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) no universitaria de la democracia entró en vigor el 30 de diciembre de 2013.

Atrás quedaba, por ejemplo, el mes de octubre de 2012, cuando Wert dijo en el Congreso que el interés del Ejecutivo era “españolizar a los alumnos catalanes” con el fin de que “se sientan tan orgullosos de ser españoles como catalanes”.

Una respuesta que ofreció al ser preguntado por el diputado Francesc Vallès (PSC) sobre si había evidencias que relacionasen el crecimiento del sentimiento independentista catalán con su modelo de inmersión lingüística.

Antes y después de tan famoso debate parlamentario, la Lomce ha sido contestada también por los principales partidos de la oposición (la mayoría han firmado un pacto para derogarla cuando cambie la mayoría parlamentaria) a través de proposiciones no de ley, mociones, interpelaciones y preguntas en el Parlamento.

Pero es la Justicia la que debe pronunciarse sobre el tema de la escolarización en castellano en Cataluña. Pilar R. Veiga.