El error de cálculo de Yanukóvich

Las protestas perdían fuerza y sus líderes autoridad entre sus partidarios, pero la decisión del presidente ucraniano, Víctor Yanukóvich, de promulgar leyes que coartan las libertades fundamentales insufló nuevo aire a la oposición.

“Posiblemente, las autoridades tuvieron la impresión de que el momento más crítico de las protestas ya había pasado. (La protesta en) El 'maidán' (plaza) seguía, pero cada vez había menos gente”, asegura Gueorgui Chizhov, jefe del Centro de Tecnologías Políticas de Ucrania.

Ahora, las barricadas son más altas y los manifestantes se han radicalizado hasta el extremo de que están dispuestos a resistir hasta el final, aún a sabiendas de que los desórdenes de los últimos días le han costado la vida a varias personas.

Sin embargo, los contactos políticos entre Gobierno y oposición no se han roto completo a pesar de la violencia de os enfrentamientos. En la tarde del viernes, se ha anunciado un principio de acuerdo que servirá para conseguir la liberación de los detenidos en los últimos días. Sólo unas horas antes, el Gobierno comenzó a darse cuenta de que la protesta no se limita a la capital. Grupos de manifestantes han cortado carreteras e intentado ocupar edificios públicos en otras ciudades.

En Kiev, los manifestantes se han hecho con el control del corazón de la ciudad, desde la legendaria avenida Kreschatik hasta el estadio del Dinamo de Kiev, territorio que está vedado para las autoridades y la policía.

Yanukóvich ha logrado incluso poner de acuerdo a tres líderes opositores tan heterogéneos como un boxeador, un ultranacionalista y un político sin carisma, justo cuando los manifestantes les habían dado la espalda.

Pocos recuerdan que el detonante de las protestas antigubernamentales fue la negativa de Yanukóvich a firmar un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y su decisión de apostar por el restablecimiento de las relaciones económicas con Rusia.

En un visto y no visto, Yanukóvich ha tomado la senda de Bielorrusia, considerada la ultima dictadura de Europa, por el poder omnímodo de su presidente, Alexandr Lukashenko, y del KGB, y la persecución implacable de toda sombra de disidencia.

“Está claro que Yanukóvich está creando una dictadura en la que la justicia y el Parlamento están al servicio del Estado”, asegura Yevguenia Timoshenko, hija de la encarcelada exprimera ministra ucraniana.

El líder ucraniano también ha aplicado la receta que utilizó con mucho más éxito el presidente ruso, Vladímir Putin, tras las mayores protestas desde la caída de la Unión Soviética: endurecer las leyes sobre derechos cívicos.

Las leyes aprobadas el 16 de enero y que entraron en vigor esta misma semana, coincidiendo con el estallido de los desórdenes masivos, abarcan todos los aspectos de los derechos fundamentales, desde la libertad de expresión a la de reunión y asociación.

A partir de ahora, ocupar o bloquear la propiedad municipal, como es el caso de los manifestantes que tomaron el Ayuntamiento de Kiev y la sede de los sindicatos en noviembre pasado, acarrea una pena de hasta 5 años de prisión.

En una ley similar a la adoptada en Rusia tras los disturbios de mayo de 2012, aquellos que ataquen a un miembro de las fuerzas de seguridad pueden ser condenados a 12 años de cárcel.

También se prohíbe montar tiendas de campaña en las ciudades e instalar altavoces para mítines políticos sin autorización previa, bajo pena de arresto administrativo de hasta 15 días.

Y queda terminantemente prohibido llevar cascos o máscaras, como es el caso de la mayoría de manifestantes que se enfrentan a los temidos Berkut (destacamento especial antidisturbios), de lo contrario el infractor tendrá que pasarse 10 días entre rejas.

En vez de arredrarse, los manifestantes han respondido a las leyes montando más tiendas, repartiendo cascos y máscaras por doquier entre adultos, jóvenes y adolescentes, en un claro ejemplo de desobediencia civil.

En virtud del nuevo Código Penal, los periodistas se arriesgan a ser condenados a dos años de cárcel si son considerados culpables de difamación a un responsable de la policía o de la justicia o si con sus revelaciones ponen en peligro la seguridad de un funcionario.

El Parlamento también permite ahora al Gobierno restringir el acceso a ciertos medios electrónicos ucranianos o extranjeros si consideran que su contenido viola la legislación vigente.

Como ocurriera con la vecina Rusia, las organizaciones no gubernamentales son obligadas a registrarse como agentes extranjeros, noción heredada de tiempos soviéticos y que está vinculada estrechamente con el espionaje, si reciben financiación del exterior.

En otra medida legal destinada a frenar el movimiento de protesta, queda prohibido formar caravanas de más de cinco coches sin permiso del Ministerio del Interior, bajo pena de 2 años de cárcel.