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Los estigmas sociales por menoscabar a la monarquía de Tailandia

Los estigmas sociales por menoscabar a la monarquía de Tailandia

EFE

Bangkok —

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Ekachai Hongkangwan topa con el rechazo una y otra vez al solicitar un puesto de trabajo. Su condición de expresidiario es una desventaja que se agrava al haber cumplido condena por menoscabar el nombre de la Casa Real de Tailandia, una institución idolatrada por la sociedad y protegida por las leyes.

La situación del tailandés, cuyo delito fue vender cedés que contenían un documental sobre la sucesión monárquica producido en 2010 por el canal australiano ABC y censurado en Tailandia, es solo un ejemplo de los estigmas creados por la conocida como ley de lesa majestad.

Dicha norma, recogida en el artículo 112 del Código Penal, castiga con hasta 15 años de cárcel a aquel que osa denigrar a la monarquía tailandesa.

El exreo, de 41 años y en libertad desde hace siete meses después de pasar dos años y ocho meses en prisión tras serle reducida la condena, fundó en abril una asociación que busca ayudar a personas condenadas por este precepto y asistir a sus familias.

“Mi vida ha cambiado completamente”, remarca a Efe Ekachai al señalar como una parte de la sociedad le da la espalda a las personas castigadas por faltar al respeto a la Corona.

La agrupación, bautizada como For Friends Association (FFA), cuenta con diez directivos, entre ellos antiguos prisioneros por lesa majestad y abogados en favor de los derechos humanos, y otros 15 voluntarios para ayudar a unos 100 presos, considerados por la asociación como “prisioneros políticos”.

Desde que una junta militar tomó el poder, en mayo de 2014, las detenciones y denuncias de casos de lesa majestad se han multiplicado, a la par que las condenas se han endurecido al pasar los juicios a manos de tribunales militares.

“Las detenciones de presos son cada vez más frecuentes desde el golpe de Estado, especialmente contra aquellos que tienen opiniones políticas opuestas al Gobierno (militar). La mayoría de las personas detenidas son las que mantienen a su familia, ello puede desembocar en futuros problemas sociales para los afectados”, apunta Piyarat Chongthep, presidente de este colectivo único en el país.

El grupo ofrece, entre otras ayudas, becas de estudio para que los hijos menores de los encarcelados no vean afectada su formación.

Varios países, incluidos España y Estados Unidos, reclamaron a mediados de mayo la revisión de las leyes que penan la lesa majestad durante una reunión del Consejo para los Derechos Humanos de Naciones Unidas donde se apuntó el deterioro sufrido en Tailandia.

El presidente de FFA, licenciado en Derecho y que también fue acusado de lesa majestad aunque el caso no prosperó, denunció a Efe la excesiva interpretación que hacen los jueces sobre dicha ley, que, según él, está redactada de manera abierta.

En diciembre, por ejemplo, las autoridades locales arrestaron a un joven tailandés acusado de realizar comentarios sarcásticos sobre la perra favorita del rey, por los que ahora se enfrenta a 37 años de prisión.

Más reciente es la acusación contra la madre de un activista político por escribir “vale” para zanjar una conversación por Facebook donde otra persona profería comentarios negativos contra el monarca, aunque la semana pasada la Policía retiró los cargos.

“La mujer -una limpiadora- se quejó del impacto que ha tenido la acusación en su trabajo. De repente, sus empleadores comenzaron a dejar de contar con sus servicios”, explica Piyarat.

La asociación ayuda a los acusados y expresidiarios a buscar trabajo, les financia parte de los gastos de entrada en la prisión -ropa, sábanas o productos de limpieza-, asiste a los familiares en caso de desplazamiento y, en un futuro cercano, auxiliará con asistencia médica a las personas dentro de prisión.

En 2012, Ampon Tangnoppakul falleció en la cárcel a los 64 años por problemas de salud que arrastraba desde antes de su ingreso en el centro penitenciario donde cumplía una pena de 20 años al ser culpable de cuatro cargos de lesa majestad.

“Las condiciones de insalubridad y la asistencia médica (en prisión) son muy precarias”, rememora Ekkachai.

La mayor sentencia por lesa majestad data de agosto de 2015, cuando un tribunal militar impuso a un tailandés 60 años de prisión, rebajados a 3 décadas tras admitir su culpabilidad, por insultar en las redes sociales a los miembros de la Casa Real.

“Por solo seis frases en Facebook fue sentenciado a 60 años. Toda una vida, una sentencia muy dura por unas pocas frases (...). En mi caso, solo pretendía compartir el punto de vista de los medios extranjeros e independientes sobre la política tailandesa y pagué por ello”, sentencia Ekkachai al reafirmar su inocencia.

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