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La exalcaldesa de La Muela (Zaragoza) se declara inocente tras el primer día de juicio

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La exalcaldesa de La Muela (Zaragoza) se declara inocente tras el primer día de juicio

La exalcaldesa de La Muela (Zaragoza) se declara inocente tras el primer día de juicio

La exalcaldesa de La Muela (Zaragoza) María Victoria Pinilla, que se enfrenta a 37 años de cárcel en el mayor caso por presunta corrupción urbanística investigado en Aragón, se ha declarado inocente tras la primera jornada del juicio que contra ella y otras 42 personas ha comenzado en Zaragoza.

Su inocencia la ha defendido en unas breves declaraciones a los medios fuera de la sala y tras concluir la primera sesión del juicio, que se ha centrado en las alegaciones que han presentado las partes sobre este macroproceso, en el que se piden cientos de años de cárcel, indemnizaciones y multas millonarias.

"Yo soy inocente", ha respondido la exalcaldesa al ser preguntada sobre si se plantea pactar una reducción de pena y reconocer los delitos de los que se le acusa (cohecho, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales y blanqueo de capitales).

Tras señalar que no tenía "nada" que añadir a lo que han expuesto los abogados en la sala y que se conformaba con tener salud (padece una grave enfermedad), ha dicho de forma enigmática que "todo tiene su tiempo", al volver a responder a otra pregunta sobre una posible negociación con la fiscalía.

Su abogado, José Antonio Visus, ha afirmado que no revelarán su estrategia de defensa hasta el 12 de enero, cuando se reanude el juicio, pero al ser cuestionado por si se está negociando o no una rebaja de penas ha respondido: "En estos momentos no le puedo contestar a esta pregunta".

"Ustedes son muy inteligentes y han visto lo que ha sucedido en la sala, y de ahí pueden sacar sus conclusiones", ha indicado el letrado, en referencia a los acuerdos que han alcanzado otros procesados, que han aceptado su culpabilidad y han decidido pagar las cantidades económicas que les reclama el ayuntamiento.

Al respecto, ha añadido que han mantenido la máxima discreción y que han informado a las otras partes de la estrategia de su clienta para "no perjudicar al resto" de procesados. "Hoy no es día para poder avanzar más" y será el día 12 cuando "verán con absoluta claridad lo que va a pasar en este juicio".

La exalcaldesa, ha explicado, cree que "ha llegado el momento de poner fin" a este procedimiento, "quiere acabar con la fractura social" que se produce en La Muela por este caso y "con los problemas que ha causado a su propia familia" y enfrentarse a su grave problema de salud como le han aconsejado los médicos.

En esta primera jornada, se ha confirmado que el exconcejal por el PAR Carlos Rodrigo Vela ha reconocido los delitos y ha depositado en el ayuntamiento de La Muela los 30.000 euros que le reclamaba la corporación, un paso que han dado también los propietarios de la empresa Brocover, José Fernández y su hijo José Carlos, en su caso 335.000 euros.

Estos "pactos" han sido cuestionados por el letrado Santiago Palazón, defensor de otro de los procesados, al entender que no ha sido informado por la fiscalía de estas negociaciones y que estos acuerdos de conformidad deberían plantearse para todos y no perjudicar a los otros acusados.

María Victoria Esponera, en representación del Ministerio Público, ha respondido que la "fiscalía no negocia" y que no ha existido una "conformidad", pero que tiene las puertas abiertas para todas las partes que quieran hablar, como recoge la nueva legislación.

Los magistrados, que atenderán con una nueva resolución las alegaciones que han presentado las partes sobre posible prescripción de delitos, la necesidad de nuevas pruebas, informes periciales y citaciones de testigos, han convocado el 12 de enero la próxima sesión de este macrojuicio, el más importante que se ha investigado en Aragón sobre la corrupción amparada en la burbuja inmobiliaria.

La exalcaldesa fue detenida, junto a otras 17 personas, en marzo de 1999 -estuvo en prisión cuatro meses- en el marco de la Operación Molinos llevada a cabo por agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica.

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